La despenalización y legalización inmediata del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el estado, exigieron feministas, académicas, sociedad civil y jóvenes al Congreso local, como parte de la agenda de incidencia que entregaron este martes.
En el contexto de este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las activistas acudieron a Palacio Legislativo para presentar propuestas puntuales a favor de los derechos de las mujeres tlaxcaltecas.
Precisaron que los puntos de esta agenda dirigida a las y los integrantes de la LXIV Legislatura son: la reforma al Código Penal para eliminar la criminalización a las mujeres por abortar, a fin dar cumplimiento a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de fecha 7 de septiembre de este año.
Aprobación de presupuesto para atención de interrupciones de embarazos en hospitales públicos y la armonización de las diferentes leyes locales para la prohibición del matrimonio infantil en la entidad y las uniones a edades tempranas.
Asimismo, la expedición de reglamentos para atención y prevención del embarazo en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y para que se les garantice el derecho a un aborto legal, así como legislar con perspectiva de género, de derechos humanos y forma progresista “para que no haya ningún retroceso en los derechos” de las mujeres de cualquier edad.
Por ello, pidieron al Congreso “un análisis claro y oportuno” de esta agenda “para que a la brevedad se presente y se vote una propuesta legislativa para despenalizar el aborto; que legisle a favor de los derechos de las mujeres”.
Entre motivos que sustentan su planteamiento, expusieron que en 2007 la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero12 años después, en 2019, el Congreso de Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en aprobarlo.
En el presente año lo validaron Hidalgo y Veracruz, por lo que son ya cuatro estados que reconocen este derecho; sin embargo, “en Tlaxcala la justicia aún no llega para nosotras”, pese a ser una de las 10 entidades donde más mujeres acuden a la Ciudad de México a solicitar el servicio médico para la interrupción del embarazo”.
Resaltaron la relevancia de garantizar a las tlaxcaltecas el derecho a decidir, pues con base en “estadísticas de salud cada año más de dos mil 500 mujeres” se someten a un procedimiento de aborto, con edad promedio de 20 a 24 años de edad.
En tanto, en 2020 la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala) brindó acompañamiento a 985 mujeres para interrumpir el embarazo, y a mil 75 en lo que va del presente año, “debido al aumento de solicitudes frente a un embarazo no deseado, cifras producto de la pandemia que ha agudizado diversas problemáticas”; comparativamente, en 2019 el número de casos fue de 498.
Con este panorama, subrayaron que hoy, “más que nunca, es necesario que se legalice el aborto en Tlaxcala y en México, las cifras no mienten”, pues muestran el incremento de la demanda y de esta necesidad “que no se ha podido garantizar”, aun cuando el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el estado.
Requirieron mayor bienestar para las mujeres y sus familias, pues con la despenalización se protege la vida y la salud. “Solo con maternidades elegidas es que podremos aspirar a tener sociedad y un Tlaxcala con derechos fundamentales”. Rosario Texis, directora de Ddeser-Tlaxcala, aseveró que este es un problema de salud y de justicia social.
En el marco de este 28 de septiembre, las feministas, académicas, sociedad civil y jóvenes realizaron sendas actividades. Por la tarde, en Las Escalinatas colocaron pañuelos en color verde (distintivo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito) y tomaron fotografías; más tarde, efectuaron una concentración frente a Palacio de Gobierno para emitir un pronunciamiento dirigido a los tres Poderes.
Demandaron atención de calidad y calidez a niñas, adolescentes y mujeres que recurren a practicarse este procedimiento de manera legal en instituciones públicas; insumos suficientes para dicha interrupción en estos momentos de confinamiento y acceso inmediato; aplicación oportuna de la NOM-046 y estrategias de difusión sobre los hospitales a los que la población puede acudir para recibir servicio de salud sexual y reproductiva, así como la divulgación del nuevo programa nacional de aborto seguro.
Solicitaron que el Poder Judicial abra carpetas de investigación por violencia sexual y no por estupro, cuando el embarazo de una menor de edad es causado por un hombre mayor de edad; el debido proceso en las denuncias, “a pesar de la situación de confinamiento”, indagación de uniones tempranas y matrimonio infantil por usos y costumbres, y que garantice la integridad y protección de víctimas como lo establece la ley.
Confiaron en que las mujeres en puestos de poder propicien un cambio en la política pública y que prioricen acciones ante la reciente declaratoria de violencia de género y como parte de los compromisos del nuevo gobierno estatal, para acceder a este derecho en forma legal y gratuita, ya que el costo en algunas clínicas privadas es de hasta 15 mil pesos.
El grupo de activistas que entregó la agenda a la diputada Lorena Ruíz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, estuvo conformado por Rosario Texis e integrantes de otras organizaciones como Ana Karen Rojas, de Jóvenes por el Derecho a Decidir; de Marea Verde y del Colectivo Feminista de Tlaxcala.