La adecuación de las leyes e instituciones locales a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no criminalizar a mujeres que decidan interrumpir su embarazo de manera voluntaria, debe ser al margen de la religión, la ética y la moral, así como de pugnas político-partidistas, aseveró Aurelia Flores Hernández, integrante de la asociación civil Constitución Violeta.
El fallo marca un precedente histórico que coloca la oportunidad para que muchos estados, incluido Tlaxcala, reajusten sus leyes, pues en esta entidad no están consideras dos causales de las ochos establecidos “a nivel nacional”, apuntó.
Es decir —agregó—, para que no se criminalice por situaciones de precariedad de una mujer, y para reconocer el derecho de las personas gestantes a decidir, lo que involucra una condición biológica más allá de ser mujer.
“Ya lo dijo la gobernadora en funciones, ‘nada contra las mujeres, todo a su favor’, es la interpretación”, por lo que ella tiene que generar que los caminos institucionales cumplan con ese objetivo de su gobierno, ya que en Tlaxcala existe todo un sistema para prevenir y sancionar la violencia contra la población femenina y un organismo firme, como el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), así como coordinación.
Lo que se requiere es vitalizar el interés de esas instituciones para que encaucen el tema del derecho a decidir; pero —insistió— la resolución de la Corte no debe quedar ahí, sino reflejarse en las legislaciones estatales, de lo contrario “se sigue negando la oportunidad del ejercicio pleno del derecho a decidir sobre el propio cuerpo”.
Es decir, para que nadie, en ninguna circunstancia, deba ‘pedir permiso’ para tomar una determinación de este tipo; además, para que haya leyes claras, sin lagunas que dejen a las mujeres “al amparo de la justicia masculina” y en situación de vulnerabilidad mayor.
Por tanto, el Congreso local debe formular reformas que favorezcan la dignidad y vida de las mujeres, y —subrayó— si los y las diputadas desconocen sobre el tema, pueden instruirse para saber cómo hacer efectivas las leyes en el ejercicio práctico de un derecho, en este caso el de la interrupción del embarazo, cuyo motivo a nadie debe importar.
La también académica investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciisder) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) consideró que el trabajo legislativo en esta materia debe quedar desapegado de cuestiones religiosas, éticas y morales “que alejan del problema central”. Llamó al Poder Ejecutivo a no encasillar las propuestas y a no permitir la degradación, pues la dignidad de las mujeres “debe ser el punto central de protección”.