En el marco del proceso electoral, el pasado 18 de abril se realizó el primer debate entre las personas que aspiran ser el relevo en la gubernatura del estado de Tlaxcala. Como es conocido, uno de los temas que se abordó fue la situación de inseguridad y como parte de ello la trata de mujeres y niñas. Su participación y posicionamiento frente a esta problemática fue lamentable.
Una de las virtudes que deberían tener las personas dedicadas a la política, es ser estadistas y conocedores de los datos, pues esto les permite dimensionar problemáticas, posicionarse frente a ellas y generar propuestas coherentes.
Por más que durante dos décadas la academia y la sociedad civil hemos generado datos sobre esta problemática, simple y sencillamente las candidatas y el candidato prefirieron ignorarlas. Nadie, por ejemplo, señaló que a 14 años de la aprobación del delito de trata de personas en el Código Penal del estado, la eficacia en su aplicación es sumamente baja y vergonzosa, recordemos que entre 2017 y 2020 existieron 49 carpetas de investigación y solamente cuatro sentencias condenatorias firmes, todas radicadas antes del año 2017.
Además, es importante recordar que dos de las candidatas fueron parte del Congreso local cuando la ciudadanía exigió la penalización del delito; sin embargo, parece que no tienen memoria de ello. Otro dato que debieron haber mencionado, es el que se indica en el último diagnóstico de la CNDH respecto a la trata de personas, en el periodo comprendido entre junio de 2012 y julio de 2017:
“La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y la del estado de Sonora, registraron 89 por ciento de hombres indiciados e imputados por el delito de trata de personas, siendo los porcentajes de hombres más altos del país”.
Los datos nos muestran dos cosas:
1. Hay una alta impunidad en la sanción de casos, ello debe tener como meta lograr la eficacia y el acceso de las víctimas a la justicia;
2. Dado que tenemos el porcentaje más alto del país en la participación de los hombres, es necesario implementar mecanismos educativos en todas las escuelas del estado que lleven a la desestructuración del problema desde la masculinidad no violenta.
Estos desconocimientos generaron propuestas tan fuera de la realidad como el de “penas máximas a los delincuentes”. ¿Dé qué sirve, si el riesgo de que los sancionen es mínimo como lo vimos en los datos anteriores? “Crear una alarma de protección femenina móvil”, ¿cómo se darán esas alarmas móviles a las mujeres y niñas víctimas de explotación sexual?
Su falta de compresión de la problemática de la violencia y la trata de mujeres genera expresiones patriarcales como “… cuando una hija se pierde, es porque anda en malos pasos, es por descuido, porque no se presentó la suficiente atención en encaminarlos…” o “…el problema de trata existe, pero se ha estigmatizado…”. Estas expresiones son preocupantes, pues nunca las víctimas son las responsables de ser enganchadas por las redes de tratantes, en tanto que la segunda expresión citada pretende demeritar la gravedad del problema en Tlaxcala, lo que ha implicado que los gobiernos en turno se preocupen más por la imagen de Tlaxcala y no en la erradicación de esta problemática y en garantizar a toda mujer y niña una vida libre de explotación sexual.
Es necesario que los equipos de quienes aspiren a la gubernatura tengan la humildad de acercarse a las y los académicos que han estudiado la problemática y a la sociedad civil que ha generado propuestas concretas y una agenda pública para avanzar en su prevención y erradicación, y que al menos, comprendan lo establecido en la actual ley y el programa estatal en materia de trata de personas. De lo contrario, tendremos otro periodo gubernamental con más de lo mismo, es decir, instituciones llenas de machismo que no actuarán sustantivamente frente al problema. Una vez más les decimos a quienes aspiran a asumir el Ejecutivo estatal ¡Nos queremos libres de trata!