Miércoles, julio 6, 2022
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Desde Tlaxcala, sí opera la delincuencia organizada

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El pasado 16 de febrero, Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, afirmó en el pleno del Congreso del estado que en Tlaxcala “no existía la delincuencia organizada”, también refirió que “… apoya con atención integral y pone en marcha acciones necesarias para abatir” la violencia y la trata de mujeres. Con ello, volvemos a observar que el problema se niega o se minimiza a través de cifras que no reflejan la realidad, como que en el actual gobierno la trata de mujeres y niñas ha disminuido el 83 por ciento –según lo dicho por el gobierno en días pasados. Estas actitudes impiden emprender las acciones que permitan desestructurar el problema.

De acuerdo con la fracción VII del artículo 434 del Código Penal de Tlaxcala, la trata de personas es un delito considerado como grave y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se considera que son miembros de la delincuencia organizada “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes… VI trata de personas”.

En días pasados, se difundió en medios de comunicación la sentencia de 39 años de prisión a cinco integrantes de la red de tratantes Meléndez Rojas, emitida por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en USA. Dicha red, de alcance internacional, utilizó los mecanismos de enamoramiento y otras situaciones de vulnerabilidad para enganchar a mujeres y niñas y obligarlas a prostituirse.

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Este caso demuestra que las redes de tratantes de origen tlaxcalteca son delincuencia organizada y se debería reconocer de esa forma para abatir esta clase de delito, en lugar de negarlo o minimizarlo. Esta actitud no es nueva, en 2004 autoridades del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica detuvo a la familia Carreto por el mismo delito. El entonces gobernador Héctor Ortiz Ortiz, negaba rotundamente la existencia del problema, tuvo que ser la denuncia, la exigencia ciudadana y un constante señalamiento de redes tlaxcaltecas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que llevó al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar una investigación académica a cargo de Patricia Olamendi Torres, que indicó la afectación por esta problemática en 23 municipios del estado.

Los gobiernos encabezados por Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez cambiaron su discurso, pues decían tener un compromiso frente a la trata de mujeres, pero en la práctica ninguno impulso acciones integrales ni concretas que permitieran disminuir la problemática y, por el contrario, las redes continuaron operando en el estado, en el país y en Estados Unidos de Norteamérica.

En los últimos 12 años, el Tribunal Superior de Justicia emitió 15 sentencias condenatorias firmes, mismas que tardaron en emitirse entre cuatro y siete años, debido a que los procesos de investigación que ha realizado el gobierno estatal no las concibe como grupos de delincuencia organizada a pesar de que está demostrado que en muchos casos operan a través de varios miembros de la misma familia, como en el caso Carreto o el reciente caso de los Meléndez Rojas.

Seguir negando el problema, no procesar adecuadamente los casos de trata de personas y realizar acciones aisladas fuera de un Programa Estatal contra la Trata de Personas, hará que esta violencia extrema hacia las mujeres siga operando en diversos municipios de Tlaxcala, en varios estados de la República mexicana y en varias ciudades de Estados Unidos. La actitud del gobierno del estado es un mensaje de autorización para que las redes de trata sigan operando en la impunidad y ponen en alto riesgo a las adolescentes, pues las convierte en potenciales víctimas, como lo han demostrado en el caso Meléndez Rojas donde existen testimonios de adolescentes reclutadas desde 14 hasta 16 años.

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