El nuevo modelo nacional de acceso a la información pública arrancó con un ahorro del 52 por ciento del presupuesto que tenía el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), gracias a la eliminación del 84 por ciento de sus plazas de nivel dirección hacia arriba, sin que esto implicara la suspensión de derechos para la ciudadanía, explicó María Tanivet Ramos Reyes, titular del órgano federal Transparencia para el Pueblo.
Este miércoles se realizó el panel “Estrategias para la implementación del nuevo modelo de acceso a la información pública”, donde especialistas y autoridades coincidieron en que la reforma reorganiza funciones, mantiene intacto el derecho a saber y obliga a fortalecer los mecanismos de vigilancia.
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Durante la jornada, organizada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), David Cabrera Canales, coordinador Institucional de Información y Transparencia de la UATx, destacó que “el tránsito hacia estas nuevas formas en las que vamos a tener que garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y un derecho de protección de datos personales”, representa un reto directo para las instituciones públicas.
Cabrera recordó que la UATx firmó el pasado lunes un convenio con el Sistema Anticorrupción y que la institución lo asume desde una trayectoria consolidada: “La Universidad Autónoma de Tlaxcala desde el año 2012 imparte unidades de aprendizaje que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización”, afirmó.
Al iniciar el panel, se planteó la pregunta central: ¿Cómo garantizar que la simplificación orgánica del nuevo modelo de transparencia no afecte los derechos ya ganados? La primera respuesta llegó de María Tanivet Ramos Reyes, titular del órgano federal Transparencia para el Pueblo, quien subrayó la relevancia de abrir estos diálogos. “Hay un interés por conocer los alcances de la reforma constitucional y vislumbrar si esto pone en jaque o no el derecho de acceso a la información”.
Ramos explicó que la reforma publicada en diciembre de 2024 mantiene íntegro el estándar del derecho a saber. “La reforma no toca la obligatoriedad de las instituciones públicas. El derecho sigue siendo señalado como un derecho humano en la Constitución y los procedimientos se mantienen expeditos, sencillos y anónimos”.
Añadió que lo que cambia es la autoridad garante. “Lo que cambia es la configuración, ahora tenemos autoridades garantes por cada uno de los poderes, partidos políticos y sindicatos”, detalló. También, destacó el proceso de transición tras la extinción del Inai: “Ningún sujeto obligado en el periodo de transición tuvo suspendidas sus obligaciones”.
Ramos enfatizó que el rediseño institucional implica un uso más racional de recursos: “Se eliminó el 84 por ciento de plazas que originalmente tenía el Inai de nivel dirección hacia arriba, logrando un ahorro del 52 por ciento anual del presupuesto original”, puntualizó.
En su intervención, Norberto Sánchez Briones, director de Transparencia para el Pueblo en Tlaxcala, puntualizó que la simplificación tiene un objetivo: “Hablamos de simplificación para hacerlo más simple… que sea menos oneroso, menos burocrático y más eficiente”.
Además, explicó que Tlaxcala innovará con un subcomité estatal con representación de nueve municipios. “Pensamos en una fórmula donde fueran muy representativos, es una aportación que hemos hecho en Tlaxcala”.
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También, adelantó una nueva estrategia de capacitación con impacto social directo: “Una de las metas es alcanzar a estudiantes de secundaria y preparatoria, enseñarles cómo se ejerce el derecho y qué soluciones puede dar a conflictos sociales o aportes académicos”, afirmó.
Por su parte, la titular de la Unidad de Transparencia de Chiautempan, Lizzeth Guadalupe Pérez Chamorro señaló que “esta simplificación orgánica, a todo el país nos puso en jaque. Algunos estaban de acuerdo, otros en contra, pero yo puedo decir que fue un acierto”.
Pérez destacó que la transición generó incertidumbre entre la ciudadanía. “La ciudadanía dejó de presentar solicitudes, creyó que se les traspasó su derecho humano”. Sin embargo, aseguró que con el inicio de operaciones de la nueva autoridad estatal, la confianza regresó. “Nuevamente volvió esa afluencia de solicitudes, se dieron cuenta de que sus derechos se siguen preservando”.
Finalmente, subrayó que el reto inmediato es la profesionalización. “Tenemos que capacitarnos más. Los órganos internos de control deben involucrarse de lleno en la materia”, afirmó, al reconocer que el padrón de sujetos obligados y la armonización legal serán prioridades en los próximos meses.
