Domingo, mayo 26, 2024

Derechos humanos vs. la mercantilización del agua

En el año 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos por la que se estableció en el artículo primero que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.” Además, ahí se estableció que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

México se caracteriza por firmar y ratificar una gran cantidad de instrumentos nacionales e internacionales por los que se pretende garantizar la protección de los derechos humanos; sin embargo, la vivencia de estos es una gran deuda del Estado mexicano. Esto, en buena medida es resultado del modelo económico imperante y de su etapa neoliberal, que promueve la idea de que los estados son corruptos e ineficientes, por lo que se debe trasladar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y la solución de los problemas públicos a las empresas, pues en el marco de la competencia deberán abaratar el costo de bienes y servicios, permitiendo que cualquier persona pudiera acceder a ellos.

Hoy sabemos que esa idea es totalmente falsa. Si tomamos como ejemplo el acceso a los derechos humanos al agua, su saneamiento y a la salud, veremos que las empresas, debido a sus agresivos procesos de producción, han generado el agotamiento del agua superficial y graves afectaciones a la disponibilidad de agua subterránea en la Cuenca del Alto Atoyac. Datos del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales–BUAP muestran que de 2013 a 2020 se registró una disminución de 17.327 millones de m3 en la disponibilidad del acuífero del Alto Atoyac, que representa el 37.09 por ciento del total con respecto a 2013. Y sabemos también que las industrias son responsables de contribuir a generar daños a nuestra salud, debido a las sustancias tóxicas que arrojan al agua, aire y suelo.

Si fuera verdad que las empresas son más eficientes que el Estado, ya habrían dado respuesta al menos a los problemas que sus propias industrias han generado, al menos en los siguientes sentidos:

Permitir el acceso a toda persona del agua potable, pero lo único que nos han ofrecido es agua embotellada, con el costo de agotar mantos freáticos de algunas comunidades. Por otra parte, nos ofrecen filtros para potabilizar el agua en nuestras casas, pero a costos que la mayoría de la población no puede cubrir.

Sanear las aguas residuales. Principalmente las aguas que las mismas empresas utilizan en los procesos productivos. Esto no lo hacen argumentando el costo que les implica, pero también porque se aprovechan de la débil regulación nacional. Esto muestra, además, que las empresas no se autoregulan, pues su lógica es la ganancia.

Generar la atención de los problemas de salud. Lo cual no ocurre porque las empresas siempre dan sus servicios y medicamentos a quien se los pueda pagar.

A diferencia de la empresa, el gobierno, en todos sus ámbitos, para cumplir su obligación constitucional de garantizar los derechos humanos debe dirigir todos sus esfuerzos y los recursos disponibles, que en última instancia son los recursos del pueblo, para que cualquier persona, en cualquier lugar, goce de esos derechos.

¿Se imaginan si, por ejemplo, el derecho a la educación pasara totalmente a manos de empresas privadas, cuántas personas en México, por nuestras condiciones socioeconómicas, quedaríamos excluidas de nuestro derecho humano a la educación? Podría pasar lo mismo con el derecho humano al agua si la legislación local no lo garantiza de manera real.

Desde febrero de este año, en el Congreso del estado se presentó la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala. Dada la importancia que tiene para la vida el acceso al agua potable, a su saneamiento y su conservación, es necesario que por esta ley se garanticen estos derechos humanos y que de ninguna manera las empresas privadas participen en eso.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, en su informe “La privatización y el derecho humano al agua y al saneamiento” (2020), nos dice que “La delegación de los servicios públicos se ha justificado con argumentos como el rendimiento superior del sector privado y el fracaso del sector público… A la inversa, e irónicamente, las crisis periódicas que ponen en peligro la estabilidad social de las economías han hecho que el Estado vuelva a prestar servicios y a proteger a los que se encuentran en las situaciones más vulnerables.”

Desde las comunidades, insistimos, el agua es vital y es nuestra, no es una mercancía.

*Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

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