Felix Pozos Palafox, representante de la Casa de Atención de la Mujer de la diputada federal Dulce Silva en Tlaxcala, denunció que a través de supuestos actos de corrupción, un hombre imputado por presunto delito sexual contra una niña, es apoyado por instituciones para postergar la audiencia inicial.
Por su parte, Juanita N. (llamada así para proteger sus datos personales e identidad, así como la de su hija de siete años de edad), hizo un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “para que no sea indiferente con las mujeres ni cuando se trata de un menor de edad” y que la justicia se imparta y procure sin privilegios y con imparcialidad.
Acusó que el trato de la médico legista hacia la niña víctima de delito, “fue pésimo” y con prepotencia. Apuntó que el victimario es padre de esta infante y que se desempeñaba como médico en Casa de Justicia.
En rueda de prensa, Felix Pozos Palafox refirió que Juanita N. ha recibido acoso, pues ha sido perseguida y ha tenido que cambiar de domicilio, pero no le han sido brindadas medidas de protección, por lo que existe temor que pudiera sucederle algo, incluso la posibilidad de ser víctima de feminicidio.
Anotó que el 23 de agosto de 2022 se inició una carpeta de investigación, pero al no avanzar Juanita N. buscó el apoyo de activistas, a quienes contactó a través de la Casa de Atención a la Mujer de la diputada federal Dulce Silva, y que el diputado local Miguel Ángel Covarrubias intercedió ante la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, quien “nos pidió no sacar a los medios” este caso.
Señaló que aun cuando la procuradora tenga buenas intenciones, el personal “no la obedece”, pues los módulos son “el yacimiento de la corrupción”, donde los delitos de violación “los pueden bajar al de abuso sexual” para facilitar una salida a favor del presunto responsable.
Abundó que al victimario “se le ha apoyado para no presentarse a la primera audiencia inicial, pues la Casa de Justicia de Guridi y Alcocer, ubicada atrás del Centro de Reinserción Social (Cereso), ha generado condiciones para justificar la inasistencia del supuesto imputado.
Además -acentuó-, cuando son casos urgentes de menores se deben habilitar los horarios de atención los fines de semana y las 24 horas de todos los días, pero “Tlaxcala es el único lugar del país donde no se hace, porque todos los jueces se quieren ir a comer después de las tres de la tarde”.
El pasado 13 de enero se notificó la realización de una diligencia, a la cual “nos presentamos y pedimos el uso de la voz porque iban a tomar protesta al abogado del imputado sin él estar presente… y no llegó el agente del Ministerio Público”.
Dijo que en medio de este y otros “actos de corrupción” deben proceder nulidades absolutas que pueden conducir a una reposición del proceso, debido a que hay violaciones graves a los derechos humanos.
“El primer enemigo de la víctima es el agente del Ministerio Público”, además, la PGJE carece de la estructura adecuada para realizar estudios médicos especializados en casos de violación en niñas, niños y adolescentes, y que tampoco tiene un grupo interdisciplinario de protocolo para menores de edad.
Consideró que es momento de una comparecencia de Carro Roldán, para que “rinda cuentas sobre la corrupción en esta carpeta de investigación”, y de que sea destituida, al igual que agentes del Ministerio Público de Apizaco y Tlaxcala.