La reciente designación de Esther Terova Cote como magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala ha encendido las alarmas entre quienes creemos en la necesidad de una justicia electoral sólida, imparcial y experta. Lo que debía ser una decisión basada en el mérito y la trayectoria profesional, se ha convertido, una vez más, en una jugada política de la mandataria, quien ha impuesto a una persona sin experiencia comprobable en la materia solo como una cuota más dentro del ajedrez partidista que controla Morena.
Terova Cote no tiene antecedentes que respalden su nombramiento en un cargo de esta envergadura. No cuenta con una carrera consolidada en el ámbito del derecho electoral, no ha litigado ni resuelto conflictos de esta naturaleza y mucho menos ha sido reconocida por aportaciones académicas o jurisprudenciales en el rubro electoral. Y, sin embargo, tendrá en sus manos decisiones cruciales para los comicios judiciales en ciernes y, desde luego, los de la sucesión gubernamental del año 2027.
El Tribunal Electoral no puede ni debe ser una extensión del Poder Ejecutivo, pero su cooptación está en marcha y en diciembre, con el proceso de relevo del todavía magistrado Miguel Nava, esta película podría repetirse. La esencia de este órgano debería radicar en ser un contrapeso institucional, una garantía para ciudadanos, partidos y candidatos de que su voluntad será respetada, y que, en caso de conflicto, habrá jueces que fallen con apego a la ley, no a las órdenes del Palacio de Gobierno.
La gobernadora ha optado por el camino del control político antes que por el del fortalecimiento institucional y ha normalizado que cargos tan delicados como una magistratura electoral pueda ser ocupado por perfiles improvisados, con la única virtud de ser leales a un proyecto político.
Tlaxcala merece más que eso. Merece instituciones fuertes, confiables y libres de sospecha. La imposición de Terova Cote no solo es un error político y, desde luego, una afrenta para los senadores Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima, quienes no tuvieron más que aceptar y acatar la imposición ordenada desde el púlpito presidencial.
Mientras, la banalización de la elección del titular Ejecutivo local es la constante; ahora cualquiera se dice con capacidad para gobernar el estado. La familia del PT ya se decantó por el orgullo del nepotismo de los Garay. Una revisada a las iniciativas, logros y gestiones para Tlaxcala, que ha tenido la norteña Irma como legisladora, será una losa muy pesada para esos sueños guajiros y que devaluarían más esa moneda de cambio que pretenden usar en la contienda.