Tras solicitar y guardar un minuto de silencio por las miles de personas desaparecidas en México, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez exigió al gobierno de la República esclarezca los hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco, y de paso, pidió replantear la estrategia de seguridad del país porque “no podemos vivir con miedo y en la incertidumbre”.
En asuntos generales, en la sesión ordinaria del Congreso local de este martes, la representante de Acción Nacional lamentó las condiciones de inseguridad que privan en el país y de las cuales, Tlaxcala no se escapa.
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“Hoy me dirijo a esta tribuna con profundo dolor e indignación. Los hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco, donde se ha revelado un presunto campo de exterminio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, nos muestran una de las peores caras de la crisis de seguridad y derechos humanos que enfrenta desafortunadamente nuestro país. El hallazgo de al menos 400 pares de zapatos y restos humanos no es solo una estadística fría, es la prueba contundente del fracaso de una estrategia de seguridad que ha dejado a México en manos del crimen organizado”.
Abundó que la llamada estrategia de “abrazos y no balazos” ha demostrado ser “un fracaso absoluto y contundente, que no solo ha permitido que el crimen organizado expanda su control en el territorio nacional, sino que ha condenado a miles de familias a la incertidumbre, miedo y la desesperación”, y en cambio, el gobierno federal “sigue minimizando la tragedia y evade su responsabilidad”.
Por ello, la legisladora exigió que la Fiscalía General de la República actúe con celeridad para esclarecer los hechos encontrados en Teuchitlán, Jalisco y castigar a los responsables de “estos crímenes atroces”, además demandó que el gobierno federal “reconozca la magnitud de la crisis y replantee de inmediato su estrategia de seguridad”.
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De paso, demandó a la Federación que brinde los recursos necesarios a los colectivos de búsqueda y se garantice la protección de las madres buscadoras, “quienes hoy arriesgan su vida ante la negligencia del Estado y sobre todo, que se sancione a los servidores públicos que han sido omisos o cómplices en la expansión de estos campos de exterminio”.
Martínez Sánchez enfatizó que la verdadera defensa de la patria no es ignorar la crisis humanitaria “que vivimos, sino enfrentarla con mucha responsabilidad y acciones contundentes y trabajo conjunto… No podemos seguir viviendo en un país donde las fosas clandestinas son el paisaje común, donde la impunidad reina y donde el gobierno ignora la tragedia de miles de familias. No es normal, no debe ser aceptable y no podemos permitirlo más”.
