En los últimos seis meses de su mandato al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el ex ombudsperson, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda incurrió en una serie de abusos, excesos e incluso, en presuntos actos delictivos, en contra del erario, lo que le generó a la institución un daño patrimonial de 1 millón 115 mil 77.52 pesos.
El ex presidente del organismo, quien pretendió continuar en el cargo pese a haber concluido su mandato, incurrió en diversas irregularidades como la inexistencia de bienes, adjudicaciones y venta de vehículos sin el debido proceso y el delito, que deberá ser denunciado ante las autoridades fiscales, es el uso de factureros o empresas fantasmas para comprobar la disposición de recursos por al menos 400 mil 456.85 pesos.
Lo anterior se desprende del informe de resultados de la cuenta pública del periodo del 1 de enero al 17 de junio –último día en el que estuvo al frente de la CEDH-, que dio a conocer el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y que debe servir de base para la dictaminación de la cuenta pública.
De acuerdo con la información, persiste la inexistencia de las empresas de prestación de bienes y servicios o veracidad de la información señalada en diversos comprobantes fiscales que presentó el ex defensor de derechos humanos, “toda vez que se constató que en el domicilio fiscal no se encuentra ubicado el establecimiento comercial a nombre del proveedor”.
Con ello, del Prado Pineda incurrió en pagos a proveedores y prestadores de servicios, con los cuales, el OFS realizó una visita física para efectuar el cotejo, “resultando que no fue localizado el domicilio fiscal señalado en las facturas del proveedor o el local o establecimiento donde realizan sus actividades comerciales. Se realizaron siete compulsas de las cuales el domicilio fiscal señalado en las facturas del proveedor corresponde a un giro diferente o son casa habitación”.
Las facturas que están en esa condición amparan erogaciones que se pretenden justificar por un monto de 400 mil 456.85, por lo que, de acuerdo con el informe del OFS, “se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal”.
Además, en la recta final de su encargo, su administración incurrió en pago de gastos improcedentes por 642 mil 960.19; deudores diversos por recursos públicos otorgados y no comprobados por 21 mil 586.38; uso de recursos públicos en préstamos personales por 22 mil pesos, entre otros.
Aunado a lo anterior, de la auditoría practicada, el OFS detectó que incumplió con diversos procesos o actos jurídicos que generaron un impacto financiero, pues en de enero a junio del año 2021, incrementó en 6.3 por ciento el presupuesto al capítulo 1000 de Servicios Personales; incurrió en la venta de un automóvil del parque vehicular de la Comisión, sin presentar el debido procedimiento de desincorporación del bien,
También realizó gastos en partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran el presupuesto autorizado; de la revisión física a los bienes muebles de la Comisión, se detectó el faltante de cinco y para la adquisición de vehículos, omitió realizar el procedimiento de adjudicación de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, así como el constante pago de servicios a precios superiores a los del mercado.
Con todo ello, el informe de resultados del OFS da cuenta que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “no realizaron una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del presente informe del ejercicio fiscal 2021, por el periodo comprendido del 1 de enero al 17 de junio, lo que constituye la base técnica para que el Congreso del estado de Tlaxcala, en pleno uso de sus facultades soberanas, realice la dictaminación correspondiente”.