El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Perea Marrufo reconoció que existe un déficit de recursos humanos, financieros y equipo para atender, de manera más eficaz, la seguridad de los tlaxcaltecas, aunque presumió que, pese a ello, en la entidad no opera la delincuencia organizada, sino simples “bandas trasgresoras de la ley”.
En su comparecencia ante los integrantes de la LXIV Legislatura local, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, diputados de oposición, como las priistas Diana Torrejón Rodríguez y Blanca Águila Lima, así como el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, lamentaron que no exista una debida profesionalización, equipamiento ni retribución salarial adecuada en la policía estatal y sobre todo, que no se reconozca la existencia de delitos como abigeato y aquellos cometidos por la delincuencia organizada, pues “si esto no se reconoce, no se puede combatir”.
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Ante diputados locales, el titular de la Secretaría Ciudadana, quien lleva en el cargo poco más de cinco meses, de entrada, reconoció que dicha corporación tiene un marcado déficit en diversos rubros, como de elementos policiacos, lo que dificulta atender la prevención y persecución de delitos.
Detalló que en agosto, a su arribo a la dependencia, realizó un diagnóstico de la situación que imperaba en la institución, entre lo que destaca lo siguiente: una marcada incertidumbre y baja moral de personal policiaco derivado de los constantes cambios de titulares de la SSC; la existencia de focos de corrupción y posibles vinculación de policías con la delincuencia; falta de personas operativo; poco análisis integral de la incidencia delictiva; falta de monitoreo preventivo de cámaras de viodeovigilancia; falta de coordinación y de estrategia de comunicación para conocer acciones preventivas contra delitos, y la persistencia desconfianza social y mala percepción del desempeño de los funciones.
Para contrarrestar esta situación, explicó que puso en marcha una serie de acciones y directrices como garantizar la estabilidad de mando y adecuación de mando, implementación de normatividad, por lo que anunció la creación de diversas normas, aunque esa medida es tarea del Legislativo, como lo increpó el diputado Miguel Ángel Covarrubias.
Además, aseguró que van a mejorar salarios, prestaciones y servicios a favor de los policías, así como la correcta implementación de servicio policial de carrera, pero “vamos fortalecer la supervisión para evitar corrupción, también haremos la contratación de personal de manera gradual hasta el 2027, a fin de incrementar la presencia de operativos, e implementar un sistema de rotación de personal, según las necesidades operativas, a fin de evitar vínculos con las delincuencia”.
Sin embargo, de manera puntual, Perea Marrufo refirió que la institución arrastra un déficit de personal, de al menos mil 300 efectivos que se requerirían contratar, lo cual, aseguró, lo lograrán para el año 2027, pues cada ejercicio fiscal, hasta entonces, pretenden incorporar a 300 nuevos policías en cada ejercicio fiscal a partir de este año.
Lo anterior porque reveló que la SSC tienen 2 mil 293 elementos, de los cuales, cerca del 60 por ciento “no está en la calle, sino desempeñando otras tareas medulares” y peor aún, de todos los efectivos, solo mil 515, es decir, el 66 por ciento, cuentas con su certificado de control, mientras que 409 no son evaluables porque “ya tienen más de 60 años o están enfermos”, y otros 369 efectivos que de plano no pasaron sus exámenes, pero mi meta es terminar este año con 85 por ciento del personal con sus exámenes aprobados”.
El funcionario refirió que existe la necesidad de aumentar el equipamiento de la fuerza policiaca de la entidad, pues de los 909 millones de pesos que el año pasado tuvieron como presupuesto, el 78 por ciento se invirtió en salarios y prestaciones de quienes integran esa secretaría y 10 por ciento en materiales y suministros, lo que obliga a replantear la inversión en ese rubro.
Pese a ello, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que Tlaxcala terminó en el primer lugar nacional de seguridad pública, situación que fue refutada por la priista Blanca Águila, quien refirió que datos del INEGI, a través de encuetas, ubican a la entidad, de acuerdo con la percepción ciudadana, con altos niveles de inseguridad.
“Los datos del INEGI son subjetivos, mide la percepción, no sé cuál es toda la metodología que utilizan, no sé si tenga la capacidad de encuestar a más de un millón de habitantes, pero vamos a trabajar en percepción, en comunicación, vamos a trabajar en ello…pero la encuesta es subjetiva porque una cosa es la percepción y otra la incidencia”, respondió el funcionario.
Lo que sí aceptó es que se requiere mejorar la coordinación interinstitucional y entre las entidades federativas a fin de frenar la incidencia de robos a transporte en el Arco Norte, por lo que anunció que este miércoles, sostendría una reunión de trabajo con sus similares del Estado de México e Hidalgo, pues “necesitamos un mayor número de cámaras y de ojos para actuar, así como de comunicación con el sector empresarial para tener mejores resultados”.
Sin embargo, en el caso de la presunción de existencia de bandas del crimen organizadas que operan en Tlaxcala, como en delitos de tráfico de personas, trata de personas, robo de gas e hidrocarburos, así como de comandos dedicados a la extorsión, cobro de piso, y a robo a casa habitación, el secretario de Seguridad negó tal situación.
Incluso, aseguró que se trata de simples “bandas trasgresoras de la ley”, pues “la delincuencia organizada, se relaciona con carteles, como los que existen en otros estados, donde el grado de violencia y medios con los que se mueven son otros, aquí eso no lo hay”, pero “estamos haciendo trabajo de inteligencia para saber dónde están estos individuos que cometen ilícitos, si bien, hemos tenido diversas detenciones del fuero federal y común, seguimos trabajando para dar buenos resultados”.
Esa respuesta fue increpada por el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, quien tras recordarle la definición de delincuencia organizada, la cual se ajustaría a los hechos descritos, sostuvo que “no habrá resultados si antes no se reconoce el problema”, de ahí que pidió al funcionario aceptar y atender estos delitos y actos que afectan la paz en la entidad “con actos que antes eran ajenos a Tlaxcala”.
La comparecencia también versó sobre estrategias de proximidad social, como la atención de comités vecinales y de mujeres por la paz, con el compromiso por mejorar las condiciones laborales de los policías y sobre todo, con el compromiso de no reprimir las manifestaciones de mujeres en el próximo 8 de marzo, aunque enfatizó que “hay personas infiltradas que buscan generar actos contrarios a la ley, contra ellos, vamos a actuar, pero no habrá ni tanques no vehículos antimotines, se garantizará la libertad de expresión”.