La senadora Minerva Hernández Ramos y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, fustigaron la operatividad y eficacia de las universidades “Benito Juárez”, así como las respectivas becas para estudiantes del nivel superior, pues éstas no han incidido en la educación de los tlaxcaltecas.
En conferencia de prensa, los panistas criticaron las universidades “Benito Juárez” que puso en marcha la actual administración federal, al considerar que éstas carecen de planeación, transparencia e infraestructura propia, por lo que su propósito de brindar estudios superiores a jóvenes “puede ser contraproducente”.
La legisladora federal reveló que hay poca información sobre dichas instituciones, de las cuales dos operan en municipios de Tlaxcala, pues como secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, auditó dicho programa con visitas a los planteles que tienen sus respectivas sedes en Xaltocan y en Cuapiaxtla.
De ello, dijo, confirmó la precariedad con el que operan y las deficiencias que enfrentan, pese a los millonarios montos asignados por la Federación. El plantel de la Universidad Benito Juárez de Xaltocan es un local comercial del municipio aledaño de Yauhquemehcan, en tanto que el de Cuapiaxtla opera en un kiosco digital.
En suma, detectó que ninguno de los dos espacios es propicio para albergar y dar academia a los estudiantes, que suman casi 200 alumnos y ocho profesores entre ambas.
“Hay poca información en su página oficial. Y de lo que hay se dice que son más de 39 mil estudiantes en todo el país, pero solo se han otorgado 6 mil 10 becas, además, de los mil millones de pesos que se le presupuestaron, el 90 por ciento está destinado al pago de becas y solo el 10 por ciento a gastos administrativos, en lo que se supone está el pago de los docentes, por lo que no tenemos garantías de la calidad de los programas de estudios que en Tlaxcala están orientados a procesos agrícolas y procesos ambientales”, apuntó.
Por su fuera poco, lamentó que el gobierno federal responsabilice a los municipios de conseguir o dotar los terrenos o inmuebles para el funcionamiento de las universidades, lo que les genera una presión a su de por sí crítica situación financiera.
Hernández Ramos subrayó que si bien esas instituciones benefician principalmente a estudiantes de escasos recursos, “no hay lineamientos claros ni concretos sobre la ruta crítica que deben seguir para que se fortalezcan y lleguen a consolidarse en el tiempo. Hay más dudas que beneficios”.