Miércoles, julio 17, 2024

Deben municipios dejar de simular en transparencia e incidir en bajar la corrupción; tienen promedio de 34.9%

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En 2021 y 2022, los municipios del estado obtuvieron un promedio de 34.9 por ciento, en conjunto, en nivel de cumplimiento a sus obligaciones de transparencia,  por lo que tienen el reto de reducir la simulación de que sí están apegados a la ley en la materia, así como el de incrementar la incidencia en la disminución de la corrupción, expusieron especialistas.

En la Jornada Regional de Transparencia Municipal de Ciudadanía Digital y Rendición de Cuentas, convocada por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y efectuada en un hotel de Atlihuetzía,  también se abordó la situación que enfrentan los ayuntamientos en la región centro del país.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que se elabora un diagnóstico de municipios con menos de 70 mil habitantes, pues Ley General de Transparencia establece que deben ser revisadas las condiciones de sujetos obligados a los que se les imposibilita cargar información y contestar solicitudes.

Mencionó que son varios factores los que influyen en esta dificultad, como la educación, la pobreza, presupuesto per cápita, telecomunicaciones e infraestructura, entre otros.

Aunque precisó que hay municipios con un número más bajo a los 70 mil habitantes, “que se las arreglan para cumplir con esta obligación, por lo que querer es poder, pues algunos van al más cercano para cargar (los datos)”.

Al respecto, durante el panel de discusión,  la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT dio a conocer que con base en el cuestionario de diagnóstico respondido por los órganos garantes de cada uno de los siete estados de esta región centro, el promedio general de cumplimiento en obligaciones de transparencia fue de 46.5 por ciento en 2021 y de 55.51 por ciento en 2022.

En tanto, por estado, el de Puebla obtuvo un nivel de 54.66 y de 76.01, en cada uno de esos años; Guerrero, de 55 y 60 por ciento; Hidalgo, de 8.93 y 9.07 por ciento; Morelos,  de 38.09 y de 14.28 por ciento; México, de 46.9 y de 53.2 por ciento, y en Ciudad de México, 84.2 por ciento y 92.26  por ciento,  aunque se especificó que en la capital del país ninguna alcaldía es menor a 70 mil habitantes.

En el caso de Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) contestó en el cuestionario que los 60 municipios fueron evaluados en 2020 y 2021, con un promedio de 34.9 en ambos periodos.

En este sentido, el  SNT resaltó que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que hay un grave problema con los municipios que se quedan rezagados y que esta situación también tiene que ver con la información disponible a la ciudadanía. Agregó que estos datos serán incorporados a una memoria documental que se recaba en cada una de las regiones del SNT.

En tanto, Emelia Higueras Zamora, académica del Colegio de Tlaxcala (Coltlax), explicó que en la entidad hay 55 municipios con menos de 70 mil habitantes y resaltó los retos que estos tienen en materia de acceso a la información.

De entrada -subrayó-, las áreas de transparencia necesitan espacios dignos, muchas veces no tienen siquiera lo mínimo para trabajar, que es una computadora y un escritorio, que no esté roto, cómo van a realizar su trabajo si la autoridad municipal no se los brinda.

“Otro reto que encontramos es reducir la simulación a cumplir la Ley de Transparencia; conocimos el caso de un titular del área  al que el secretario del ayuntamiento le negó permiso para una capacitación del IAIP; también, hallamos que el ciudadano no encuentra la información o le cuesta trabajo encontrarla, eso es simulación”, dijo.

La académica acentuó que las autoridades municipales deben dejar de tenerle miedo a una solicitud de información, que es un derecho de toda persona; pero añadió que el principal reto es garantizar el acceso al ciudadano común.

“Hay que reducir la simulación del decir si cumplo con la ley, sí apoyo a mi titular, cuando lo que hay es esa resistencia de no dar permiso para asistir a una capacitación, lo cual existe en la gran mayoría de los municipios en el estado”, realzó.

Un desafío más identificado es la falta de presupuesto al área de transparencia; aunque, sin mencionar nombre, comentó que de acuerdo a la revisión realizada por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarollo Municipal (Inafed), se detectó uno al que le asignan 70 mil pesos mensuales,  por lo que consideró que se necesita un criterio más objetivo y equitativo para etiquetar recursos.

“Porque en realidad lo que necesita es apoyo y personal capacitado; que realmente se vayan a capacitar al IAIP y que no terminen en el bar“, indicó la investigadora, quien planteó que el área de archivos es la que requiere presupuesto, “para que deje de ser castigada y de estar abajo de la escalera, entre otras cosas”.

Puntualizó que otro reto es que incidan en la reducción de la corrupción, “porque no lo están haciendo, no hay ese efecto… porque las autoridades siguen ocultando información”, de ahí que sugirió la migración a la digitalización de los servicios municipales.

En su turno,  Ángelo Gutiérrez  Hernández, alcalde de Apetatitlán,  uno de los municipios del estado mejor evaluados en materia de transparencia, compartió su experiencia y la forma en que ha logrado garantizar el derecho de acceso a la información a ciudadanos.

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