A fin de evitar la penalización del consumo de drogas, Tlaxcala debe migrar hacia un Tribunal de Salud Mental y Adicciones; además, de trabajar en una propuesta de creación de al menos un centro de tratamiento, para que el Congreso local determine si alcanza el presupuesto, ya que el costo por paciente es de hasta un millón de pesos, señaló Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud (SESA).
Recordó que la semana pasada, la entidad fue sede de la sesión del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 2025 (Conasabi), con la participación de varios titulares de instituciones del gobierno federal.
Enfatizó que uno de los tres puntos que se abordaron en esa plenaria fue el de la estrategia nacional para la atención de problemas relacionados con la ingesta de fentanilo, cristal y otro tipo de drogas “y (la forma de) cómo Tlaxcada tiene que migrar hacia un Tribunal de Salud Mental y Adicciones”.
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Ello, con el objetivo de que no se penalice a un problema de salud pública, que es el consumo de drogas, sino que se trate de rehabilitar a pacientes con enfermedades generadas por las adicciones, explicó el funcionario.
Mencionó que este tipo de órganos jurisdiccionales ya están en funciones en otros estados de la República mexicana, como Baja California, Guanajuato y Ciudad de México, de ahí que la entidad tlaxcalteca también podría contar con uno.
“Es sumamente importante ir trabajando con el Poder Judicial (del estado) para formar este tipo de tribunales en adicciones”, recalcó Rigoberto Zamudio Meneses.
En torno a los centros de Atención para Problemas de Salud Mental y Adicciones (Conasama), indicó que en estos lugares se debe brindar soporte profesional de psicología y psiquiatría para reducir adicciones.
Al respecto, comentó que desde hace cinco años se trabaja en una estrategia transversal en tres puntos: educación, con la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE); seguridad, con la mesa de seguridad y los 60 municipios, y en la rectoría de los Conasama.
A partir de 2024 a través del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, a través de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la estatal, se han emprendido labores para la regularización
de los “mal llamados centros de tratamiento o de adicción”, cuyas instalaciones han sido revisadas en sus condiciones y se han clausurado varias, abundó.
Acentuó que hasta ahora ni el estado ni la Ley General de Salud tienen previsto brindar centros de tratamiento contra adicciones, por lo que tendría que trabajarse en este tema y proponerlo al Congreso local, “para ver si alcanza el presupuesto y si pudiera financiar por lo menos uno de manera ordenada con todo” lo que la norma establece.
Un tratamiento contra adicciones requiere de un tiempo largo y representa un costo alto, de entre 700 mil pesos y un millón de pesos por paciente, “es sumamente elevado”, resaltó el secretario de salud durante su participación en el espacio semanal Diálogo Circular, realizado en la Coordinación de Comunicaciń Social (CCOM) del gobierno del estado.
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En otros momentos, el secretario de Salud ha puntualizado que el consumo de tabaco en el país y en el estado inicia a los 13 años de edad, en promedio; el de alcohol a los 14 años; el de marihuana a los 17 años, y el de otras sustancias a los 15 años, razón por la cual la dependencia a su cargo participa con brigadas de salud mental en zonas rurales y de alta vulnerabilidad, además, capacita de manera constante a docentes y a líderes comunitarios en materia de prevención.
El pasado mes de junio, mediante un trabajo interinstitucional, el gobierno estatal presentó la Estrategia Integral para la Disminución y Prevención de Venta y Consumo de Sustancias Ilegales en Instituciones Educativas, a efecto de promover entornos escolares seguros y saludables.
