A pocas semanas de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos seguir nombrando las deudas sobre la garantía de protección de los derechos a la libre protesta, libertad de expresión, manifestación y asociación para las mujeres, pues en otros momentos que han significado cierres de calles, hablar sobre derechos humanos o actos públicos, no tienen el mismo rechazo cuando de las mujeres se trata; la criminalización y estigmatización a estas marchas han sido provocadas por las narrativas de autoridades, medios de comunicación y otros actores, vulnerando nuestros derechos y nuestra seguridad.
A dos años de presentarse la Recomendación General 01/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre las agresiones cometidas contra las mujeres el 8 de marzo de 2022, aún hay deudas para la reparación del daño y la garantía de no repetición, pues en sí misma la Recomendación no dimensionó las graves violaciones a derechos humanos contempladas en el marco normativo nacional e internacional, pues por parte del gobierno hubo desapariciones forzadas de mujeres, encapsuladas y subidas por la fuerza en ambulancias que usaron para trasladarlas a diversos ministerios públicos, después de haberlas tenido desaparecidas por horas durante la noche del 8 de marzo y madrugada del 9 de marzo; mujeres con heridas provocadas por los cartuchos de gas lacrimógeno y otros objetos que tuvieron que ser atendidas por otras mujeres y trasladadas a hospitales o clínicas.
El pésimo trabajo que se ha hecho en la CEDH para la observancia y protección de los derechos humanos de la ciudadanía durante su actual administración ha sido evidente, y ya que los cargos del Consejo Consultivo no son honoríficos, parece que se han alineado a un gobierno violento y feminicida que paga por el silencio, a pesar de que en la Ley de la CEDH, publicada en la página del Congreso de Tlaxcala, con reforma de 2019, en su Art. 8 señala: “Asistirá al Presidente de la Comisión Estatal, un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, integrado por cuatro miembros”; sabemos para quien trabaja este organismo “autónomo”, que se ha hecho ciego a estas violaciones, y que ha violado su misma ley.
Pero además, una recomendación que en todo momento usó una redacción que parece cuidar el actuar de las instituciones involucradas, y que en una gran parte parece estar leyendo un informe de gobierno con acciones implementadas “en favor de las mujeres”, aunque muchas de ellas no tienen ninguna relación con los hechos cometidos ese día (y que se repetiría durante la marcha de 2023), muchas de estas acciones recitadas una y otra vez por autoridades, mesas y foros que no han respondido a las violaciones cometidas ese 8 de marzo.
Esta Recomendación incluyó medidas como la conciliación, la misma práctica que hemos denunciado incontables ocasiones y que viola la legislación sobre el derecho a una vida libre de violencia, minimizando los impactos y daños que deja la violencia; por otro lado, señala la disposición de actos correctivos disciplinarios “por faltas administrativas”, así como un exhorto a “no reincidir y corregir su actuar”; sin embargo, a unas semanas de haberse presentado esta Recomendación, nuevamente el 8 de marzo de 2023, granaderos y policías cometieron actos violentos contra las mujeres; ante estos hechos, la CEDH ya no presentó ningún comunicado.
Otro ejemplo de las violaciones graves a los derechos humanos que han generado este gobierno en contra de la protesta y manifestación es lo ocurrido con las compañeras de la Normal de Panotla, en donde terminó perdiendo la vida una de las estudiantes y que también quedó en la impunidad, a pesar del llamado por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Ante estos contextos, en donde los grupos policiales han demostrado un uso desmedido de la fuerza, en las mismas fechas en torno a esta Recomendación que no tuvo ningún impacto positivo para los derechos humanos de las mujeres, ahora el Congreso del estado presenta la Ley de Disciplina de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en donde puntualiza que “su ámbito de aplicación comprende a las personas integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana estatal y municipales, con lo cual establecieron las bases de la doctrina policial, fundada en la disciplina, los valores, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, con base en los principios de obediencia, justicia, ética y honor”, aunque estos valores tienen un significado muy subjetivo para las instituciones y han demostrado que a pesar de los protocolos existentes, a nivel nacional porque en lo local no se cuentan con estos, su actuar en los últimos años no han sido bajo estos principios y valores.
La Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en su Informe de 2018, ya señalaba que “en países de todas las regiones se ha registrado el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden para combatir o reprimir pro testas pacíficas”, y el estado de Tlaxcala ya no está exento de estas prácticas institucionales. Además, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatizó que: “Si fuera el caso que una persona ya haya sido aprehendida por la supuesta comisión de actos violentos, es inaceptable emplear otro recurso de violencia mayor”. Las leyes locales no deben conceder poderes irrestrictos a las fuerzas de seguridad, tales como el “uso de la fuerza necesaria”, lo que ahora esta ley establece como “uso legítimo de la fuerza”, y que como casi siempre se practica, no existen foros ciudadanos para la generación de las leyes que, en realidad, el beneficio pareciera estar dirigido al Estado, no a la ciudadanía.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha defendido que “nadie debe ser penalizado ni debe recibir amenazas o sufrir violencia, acoso, persecución, intimidación o represalias por ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación”, sobre todo en contextos de alta inseguridad y vulneración a nuestros derechos.
*Colectivo Mujer y Utopía