La vida moderna se caracteriza por el acceso a una amplia gama de bienes y servicios que facilitan la movilidad, la comunicación, la recreación y otras condiciones que nos proporcionan confort, bienestar y salud. Sin embargo, al mismo tiempo que el avance científico y tecnológico nos ha permitido satisfacer estas necesidades, también nos ha expuesto a situaciones que pueden afectarnos personalmente y en nuestros bienes. A esta posibilidad de sufrir algún daño o efecto negativo en el ambiente, la salud o el patrimonio, se le llama riesgo y es importante identificar y valorar estos riesgos con los que convivimos a diario.
Estamos expuestos constantemente a compuestos químicos en el ambiente debido a la producción agrícola e industrial, así como por el uso público y doméstico de pesticidas, desodorantes ambientales, desinfectantes, detergentes e incluso productos de higiene personal y salud, como protectores solares, antibióticos, cremas y aceites, entre muchos otros.
La vida cotidiana en nuestras sociedades modernas se caracteriza por conductas, gustos y costumbres que, en algunos casos, pueden derivar en enfermedades o en procesos de deterioro de la salud y el ambiente. La manera en que las personas y las comunidades perciben los riesgos, es decir, la percepción social del riesgo, refleja cómo se interpretan y valoran las condiciones sociales y ambientales a las que estamos expuestos, e influye en la disposición para generar acciones de respuesta ante la devastación.
La Cuenca del Alto Atoyac, como muchas otras cuencas, se considera una región de emergencia sanitaria y ambiental debido a la devastación causada por la presencia de compuestos químicos tóxicos en el agua, aire y suelo, y los efectos que causan en la salud de las comunidades que las habitan, condiciones que no siempre son percibidas socialmente.
A pesar de la implementación de estrategias tecnológicas, políticas públicas y regulaciones que deberían frenar y mitigar el deterioro y la devastación en México, los problemas de contaminación, salud y las condiciones vinculadas con la devastación socioambiental en diversas regiones y cuencas del país continúan avanzando.
Las condiciones de riesgo a las que están expuestos quienes viven en el Alto Atoyac afectan tanto a la salud como a la disponibilidad de agua en términos de calidad y cantidad. Desafortunadamente, la percepción social de estos riesgos es diversa y compleja, ya que está influenciada por factores culturales, sociales, psicológicos y contextuales, como las experiencias, los valores culturales, los medios de comunicación, el entorno social y la confianza o desconfianza hacia las instituciones públicas y el sector privado.
Ante estos escenarios de devastación y emergencia sanitaria y ambiental, la participación activa de las comunidades es necesaria y fundamental. Contar con comunidades conscientes de los riesgos a los que están expuestas, informadas y organizadas, con capacidad para dialogar y articularse estratégicamente con el gobierno, es esencial para avanzar en la implementación de acciones efectivas.
Los proyectos nacionales de investigación e incidencia, de los diferentes Pronaces Conahcyt, desplegados en la Cuenca del Alto Atoyac desde 2021, articulados con organizaciones de base comunitaria y sociales, han logrado establecer vínculos con diversas comunidades y han devuelto información técnica, científica y humanística a través de ejercicios de diálogo transdisciplinario. De esta forma, se ha buscado fortalecer el conocimiento de las comunidades para la transformación de sus territorios y el diálogo efectivo con las autoridades municipales, estatales y federales.
Aunque se ha avanzado en el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria, organizaciones sociales y comunidades en su conjunto, así como en su articulación con la academia, como parte de la co–construcción de un sujeto social en la búsqueda de bienestar, justicia y salud, es evidente que aún queda mucho por hacer. Uno de los retos más apremiantes es influir en la manera en que la sociedad percibe y valora los riesgos, para que las acciones comunitarias en el territorio y el diálogo con el sector público y privado sean efectivos.
*Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala