De cultivos a celdas solares; “privatizan” la tierra con renta a extranjeros

En tierras ejidales de Calpulalpan hay miles de paneles solares instalados, casi listos para operar

(I de III)

Parcelas con vocación agrícola, productoras de maíz, trigo, frijol y otros granos, ahora sostienen a centenas de celdas solares del Proyecto Parque Fotovoltaico Nueva Xcala del consorcio francés Engie, gestado casi a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y prácticamente consumado en la era de la llamada Cuarta Transformación.

En medio de vacíos legales y supuestas componendas ilícitas, este parque se construye en el ejido San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, y Emiliano Zapata, estado de Hidalgo, con el que colinda el Polígono II, conocido como ‘Monte de Malpaís’, compuesto por 280 hectáreas de uso común, una de las áreas donde campesinos, ganaderos y académicos han identificado devastación de especies vegetales y forestales durante la ejecución.


Consideran que con este proyecto para generar energía solar no solo se ha cometido ecocidio y se ha atentado contra el patrimonio cultural e histórico, sino que se ha propiciado la “venta de tierras disfrazada de renta”, a través de asambleas ejidales “amañadas”.

A unos días de iniciar operaciones (en función de las fases calendarizadas), en el recorrido con un grupo encabezado por el agricultor José Francisco García Bazán, La Jornada de Oriente constata los trabajos en la subestación de esta planta.

Los campesinos consideran que el proyecto debe estar suspendido, debido al reciente acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener), de fecha 29 de abril de este 2020, por el cual se frena la inversión en energías limpias. “Pero nunca han parado”, reprenden.

García Bazán sostiene que desde 2016 “ya estaban trabajando a oscuras”, antes de la celebración de las ‘asambleas duras’ para autorizar la renta de parcelas al entonces comisariado ejidal Jesús Manuel Jiménez. “Nuestro ejido tiene alrededor de nueve mil 376 hectáreas y somos cerca de 938 ejidatarios”, anota.

Puntualiza: “El comisariado en turno, Mauricio Hernández Cervantes, dejó de atendernos… y por parte del comité ejidal hemos recibido amenazas todos los que nos oponemos, nos acusan de desacato, dicen que nos van a desconocer como ejidatarios, nada más por defender este patrimonio de futuras generaciones”.

SON TIERRAS POCO PRODUCTIVAS: MIA

En el sitio electrónico de Proyectos México del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) se publica que la empresa Engie Solar 1, a través de la tercera subasta eléctrica de largo plazo de 2017 (SLP-1/2017) del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ganó el contrato número SLP201710115-026, relacionado a energía por 486 mil 313 megavatios hora (MWH) al año y Certificados de Energía Limpia (CEL) por 524 mil 997 CEL al año.

Detalla que este proyecto privado consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de la central fotovoltaica Calpulalpan. El plazo del contrato para energía es de 15 años y de 20 para los CEL, un total de 35. Las etapas de ejecución consisten en: anuncio de la convocatoria, de fecha 8 de mayo de 2017; recepción de propuestas, 8 de noviembre y fallo, 22 de noviembre del mismo año.

La firma del contrato, 13 de abril de 2018; inicio de construcción, 28 de febrero de 2019, y el arranque de operación, 30 de junio de 2020. El término de vigencia del contrato es en 2035; esto es, los 15 años para la producción de energía solar.

En la página web www.solarxcala.com, el Grupo Engie refiere que este parque contará con 734 mil 860 módulos (o paneles) fotovoltaicos policristalinos de 345 watt pico o vatio pico (Wp) cada uno y 72 inversores de 3.34 MW. La inversión total es de 183 millones 256 mil 140 dólares, con un costo anual de operación y mantenimiento por la cantidad de dos millones 774 mil 275 dólares. “La energía solar es considerada como una fuente de energía limpia, la cual reduce los impactos negativos sobre el medio ambiente”, realza.

Por otra parte, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), disponible para consulta pública en ese mismo sitio en internet del Grupo Engie, señala que esta planta ocupará 685 hectáreas, de las cuales 282 son de uso común y 403 son parceladas. Pero en contraste al contrato, indica que la duración del proyecto es de 25 años. Destaca que la zona seleccionada “cumple con todas las características” para la generación de energía: son tierras planas, poco productivas y con alta irradiación solar”.    

Sin embargo, esta referencia es combatida por ejidatarios, ganaderos y vecinos que desde 2017 iniciaron un recorrido en diversas dependencias para detener este proyecto.

Con fecha 1 de agosto de 2017 dirigieron un escrito al entonces presidente Enrique Peña Nieto. En respuesta, personal de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) efectuó una visita de campo al Polígono II ‘Malpaís’ y, entre otras cosas, advirtió que con base en las coordenadas geográficas tomadas, la superficie total de tierras de uso común aparecen fuera de Tlaxcala, según los límites señalados en la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que esta situación debe ser aclarada  en la documentación legal del ejido.

De hecho, por esta circunstancia los quejosos han sido remitidos a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado de Hidalgo, para la presentación de denuncias.

La exigencia de frenar este proyecto la reiteraron al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de un escrito de fecha 25 de enero de 2019 y firmado por alrededor de 23 personas.

CADA EJIDATARIO FUE “ENGAÑADO”

El 4 de diciembre de 2017, a través de un escrito, García Bazán expuso a la delegación de la Procuraduría Agraria (PA) que el 19 de marzo de ese año fue celebrada una asamblea ejidal “para disponer de la tierra de uso común” Polígono II Zona Ecológica, a la “empresa fotovoltaica”, y que la segunda plenaria se realizó el 5 de noviembre, “para darles el dominio pleno, a cambio de uso de suelo, a 80 ejidatarios que pretenden vender” su tierra a dicha industria.

Acusó que las dos plenarias “fueron amañadas o ilegales” por parte de las autoridades ejidales, por lo que pidió la impugnación y anulación de estas, ya que los ejidatarios, muchos de ellos “ancianos y enfermos, fueron acompañados de hasta cuatro familiares para que levantaran la mano para sumar mayoría de votos”.

Pidió una investigación de los hechos pues afirmó que cada ejidatario fue “engañado” con la cantidad de mil pesos, que la empresa había cambiado su razón social y que en cada reunión “obligaron” a registrarse, a firmar y a presentar identificación oficial, pero que las listas no establecían tema a tratar, por lo que presuntamente habrían sido utilizadas para “otros fines ilícitos”.

Esta denuncia fue reiterada ante la nueva representación de la PA en Tlaxcala, en la administración encabezada por López Obrador. En el acta de comparecencia de fecha 27 de enero del presente año, se da cuenta de las imputaciones de García Bazán y de Anastasio Díaz Hernández, quien asistió en representación de ganaderos.

En tanto la PA asienta que la Asamblea General de Ejidatarios “es el máximo órgano de decisión y las determinaciones que esta tome serán obligatorias para ausentes y disidentes; el ejido tiene la capacidad de celebrar contratos de arrendamiento respecto de las áreas comunes, a través del comisariado ejidal, quien previa autorización” de dicha asamblea, podrá suscribirlos.

Asimismo, resalta que las personas morales y entes de gobierno “no pueden comprar tierra social, situación por la que solo la empresa de energía solar arrendó el uso común y parcelas ejidales, aclarando también que la posesión que tenga esta sobre las áreas antes descritas, no genera derechos distintos a los contemplados en los contratos”.

Con este contexto y a fin de que los ejidatarios impugnen la determinación, la PA solicitó a los comparecientes copias certificadas de las actas de asamblea donde el comisariado haya sido autorizado para celebrar contrato de arrendamiento, las cuales deben estar inscritas en el Registro Agrario Nacional (RAN), con el propósito de analizar si estuvo legitimado para realizar dichos actos jurídicos en apego a la Ley Agraria y a la de Energía Eléctrica.

Pero “ahí quedó la denuncia en la PA, porque nos pidió esas copias de actas y no se han obtenido”, lamenta García Bazán y afirma que la mayoría “de los que alzaron la mano ya vendieron su parcela y ya no tienen nada que perder; lo que les caiga es bueno”.

Justo donde comienza ‘Malpaís’ ya se nota la devastación de flora nativa. En este punto del recorrido dice que hay inconsistencias en los contratos firmados por ejidatarios con Engie, pues las fechas de las AGE para autorizar la renta, no coinciden.

“Yo no he firmado nada, no he recibió ni un quinto, ni los mil pesos que les dieron por ir a levantar la mano a la asamblea ‘democrática’, ni los siete mil 500 de renta, porque estoy en contra… al principio la oferta fue de 20 mil pesos por hectárea”.

Calcula que aproximadamente 200 ejidatarios aún no han signado el contrato. “Somos dueños de tierra de uso común, tenemos un certificado. Los compañeros ya van reaccionando; yo soy atropellado y estoy dispuesto a defender hasta el último momento. A mis 70 años ya no voy a vivir todo el tiempo que operará esta planta”, repone.

LES REGRESO EL DINERO, DICE JULIO

Con gesto de arrepentimiento, Julio Ramírez confiesa: “Yo sí firmé, me declaro engañado, la empresa nunca dijo de sus beneficios, estoy completamente en desacuerdo ahora que veo todo el desastre contra la naturaleza; recibí los siete mil 500 pesos del contrato anual por renta, pero se los regreso. En la ‘asamblea dura’ de 2017 me convencieron, la mayoría levantamos la mano para que sí se rentara, para tener ganancias”.

Pero –irrumpe García Bazán– esa cantidad se reduce como a seis mil pesos “porque hay que pagar los impuestos y en las asambleas dijeron que ellos (empresa) cubrirían ese costo, lo están incumpliendo, no es así”.

EMBESTIDA CON LA BANDERA DE NUEVAS ENERGÍAS

‘Malpaís’ colinda con territorio hidalguense, la división es una barranquilla. En esta delimitación Filiberto Rivera Torres, estudioso de los ecosistemas del Altiplano, sentencia que hay “un contubernio generalizado entre los gobiernos estatales de Tlaxcala e Hidalgo y dependencias federales, coludidos con comisariados ejidales”.

El también doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien acompaña a este movimiento, refiere que la voz de campesinos “que antes practicaban la agricultura alimentaria en toda esta región, no existe. Aquí estas tierras fueron ya vendidas a un nuevo neocolonialismo industrial en aras de las energías limpias, pero todo esto es una trampa contundente”.

Estos proyectos no deberían estar pensados para superficies con vocación agrícola, sino para zonas desérticas de México; sin embargo, estos valles reúnen vías de comunicación y planicies idóneas, “entonces hay que fingir que todo es democrático; mucha gente va a pagar los platos rotos, no solo ejidatarios que arrendaron”, reprocha.

“Jamás se les pidió opinión para trazar un futuro, simplemente se hicieron los negocios antes de que entrara en función el nuevo gobierno federal. Hay una especie de embestida de grupos de gran capital con la bandera de nuevas energías y empleos, pero eso es un escaparate, ahora se privatiza la energía que viene del sol y hay privatización disfrazada de renta de la tierras”.

Vía telefónica, La Jornada de Oriente solicitó en dos ocasiones a la Casa Ejidal de Calpulalpan una entrevista con el comisariado en turno a fin de tener su versión. La primera vez no fue localizado y en la segunda se hicieron dos llamadas, pero la secretaria dijo que se encontraba ocupado en una reunión.

Trabajos en la subestación del Proyecto Parque Fotovoltaico Nueva Xcala.