Entre 1980 y 2000, Tlaxcala pasa de ser una sociedad rural a convertir en una urbana, lo que demanda de ajustes en las formas de organización política para dejar atrás la relación de compadrazgo e institucionalizar el poder comunitario.
En los pueblos y comunidades se sobreponían dos formas de organización religiosa y civil. La jerarquía religiosa, conocida también como mayordomía o fiscalía, era el tamiz por el que se llegaba a la civil.
Los miembros de las comunidades tenían la obligación de servir desde el nivel más bajo, que era el de vigilante y conforme iban entregando buenas cuentas en el cumplimiento de su tarea, podían escalar o descender.
Cuando habían alcanzado el pináculo de la jerarquía: la mayordomía o fiscalía, ya se podía pasar a desempeñar el puesto de agente municipal. Ser fiscal, mayordomo o agente demandaba de una gran inversión de recursos económicos.
Para algunos estudiosos ese era un mecanismo para mantener un nivel generalizado de pobreza entre las poblaciones. El desempeño de los cargos cívico–religiosos significaba pagar de su peculio la mayor parte de los gastos.
Esto demandaba una gran rotación a efecto de no cargar en una sola persona o familia los gastos comunitarios. Cada año, en el mes de diciembre, se hacía una asamblea en la que se elegía o confirmaba el orden de desempeño de los cargos.
Un puesto significaba un servicio y para ello se tenía que aprender a servir, lo que hacía que la función civil se convirtiera en un proceso de adquisición de prestigio frente a la comunidad, lo que se echó por la borda con la reforma de Tulio Hernández en 1985.
El servicio se transformó en una representación civil, lo que eliminó el proceso de aprendizaje para transformarse en una posición política en disputa mediada por los partidos políticos, aunque en algunas partes todavía se disfraza de usos y costumbres.