A través de un proyecto de investigación, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser- Tlaxcala) detectó de 2021 a 2024 a alrededor de 11 mil 850 niñas, adolescentes y mujeres en el estado, quienes se enfrentan a trata de personas con fines de explotación, violencia sexual, de pareja o vicaria; desaparición intermitente, embarazo infantil o adolescente y tentativa de feminicidio, principalmente.
Rosario Texis Zúñiga, directora de Ddeser-Tlaxcala, expuso este panorama del estado durante la presentación del Protocolo de Atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres en Situación de Violencia, en instalaciones de la Comisión Estatalde Derechos Humanos (CEDH).
Esto, en el marco de la entrega de productos finales del proyecto integral internacional “En comunidad prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil en 12 municipios de México”.
Ese trabajo fue desarrollado por las organizaciones Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., a través de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en México, en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y estado de México, el cual inició en mayo de 2021 y culminó en este 2024, financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
Texis Zúñiga señaló que este protocolo tiene como propósito principal establecer un conjunto de directrices y procedimientos claros y específicos para la identificación, atención, protección y acompañamiento a este sector sobreviviente de violencias, particularmente la sexual.
Fue elaborado con base en las experiencias de trabajo de territorio de las promotoras y acompañantes Ddeser-estado de México, Ddeser-Puebla y Ddeser-Tlaxcala, precisó.
Antes de dar a conocer cifras sobre los hallazgos durante este trabajo en campo, advirtió al auditorio: “Les voy a dar una lista, nada más que no se espanten”.
Entre 2021 y 2024, fueron atendidas anualmente a entre 100 y 150 niñas de 10 a 14 años que enfrentan la problemática de violencia sexual, embarazo infantil y trata de personas con fines explotación, principalmente, subrayó.
“Eso sí -apuntó- encontramos mucho la venta de las niñas por parte de sus papás, que dicen, llévatela, dame un becerro, un terreno, un Xbox (videojuego)”, compartió.
En el segmento de edad de 15 a 18 años, se identificaron 600 adolescentes con embarazo, violencia en el noviazgo y desaparición intermitente, es decir, “desaparecen y después de 72 horas o hasta dos semanas, aparecen. Muchas de ellas con una situación de violencia sexual, que fueron vendidas o prostituidas durante ese tiempo y las regresan sin un proceso de restitución de derechos o reparación integral de daño”.
Por esto, requirió que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el área de atención a víctimas deben revisar cómo se van a atender estos problemas y cómo se la va a hacer para que estas niñas y adolescentes puedan continuar con su vida.
En este lapso, anualmente se identificaron mil 200 casos de jóvenes de 19 a 25 años de edad que viven violencia sexual, de noviazgo y digital; embarazo y trata de personas con fines de explotación.
En el grupo de mujeres de todas las edades, por año fueron atendidas alrededor de dos mil, con violencia de pareja, tentativa de feminicidio, que es uno de los pasos previos al feminicidio y que ha causado graves daños psicológicos y físicos porque muchas son quemadas y ultrajadas; y violencia vicaria.
Recordó que inicialmente, este proyecto incluía solamente a tres municipios: Chiuatempan, Tetlanohcan y San Pablo del Monte, pero fue necesario ampliarlo a Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Teolocholco, Acuamanala, Mazatecochco, Tlaltelulco y otros de la zona sur.
Acentuó que al principio hubo una resistencia por parte de los municipios para participar en la atención pero se observó un cambio en la forma de responsabilizarse, lo cual “fue valioso” al igual que la capacitación y sensibilización en las escuelas y en las comunidades.
Sin embargo, realzó que se debe tener claro que la violencia “no se media”, como una especie elemento para después enviar a la víctima a terapia, “es una forma que no no está bien”.
“Quisiéramos que el día que no estemos como Ddeser u organizaciones, las mujeres pudieran llegar a las instituciones y las recibieran de esta manera”, con atención de alto nivel y profesionalización, “pero mientras no pase la sociedad civil estará en esa misma lógica”.
Texis Zúñiga enfatizó que uno de los principales retos identificados es la obtención de órdenes de protección, ya que existe una demora excesiva y revictimización cuando son solicitadas, pues en algunos casos en los que hay niñas y adolescentes, los ministerios públicos y jueces municipales las niegan bajo el argumento de que son menores de edad y porque el victimario es el padre o la madre.
Entre los obstáculos en el acceso a la justicia, mencionó: desconocimiento por parte de la policía municipal y protección civil, respecto a la atención de casos de violencia contra este sector.
Negligencia de funcionarios encargados de atender a las víctimas -agregó-, falta de recursos para denunciar, así como miedo e ignorancia para hacerlo; recursos insuficientes de las instituciones y la burocracia de estas; arraigo de la cultura de violencia y desconfianza en las instituciones y falta de coordonación entre instituciones e impunidad y adultocentrismo.
Pero, la investigadora subrayó que el funcionariado muestra temor o represalias en los casos en los que las personas agresoras forman parte de alguna institución pública, de células criminales o con poder económico. “Muchos de estos casos están vinculados con otros delitos de alto Impacto y otros graves”.
Dijo que en el tema de las masculinidades, esta organización se enfrentó a que los niños varones no querían trabajar al respecto y que los hombres adultos decían que es un asunto de mujeres.
Con este trabajo, se reconoce que la violencia lacera a la sociedad y que las niñas, adolescentes y mujeres de Tlaxcala “necesitamos tener otros espacios seguros y libres, pero también necesitamos a las autoridades municipales, escolares y de las instituciones del Estado para atender y para crear rutas nuevas y diferentes”, así como aplicar los protocolos que ya se tienen, citó.
Este protocolo contiene, una ruta de atención, en la que se incluye el seguimiento a los casos con acciones específica, como la denuncia penal, en caso que la víctima lo decida, y la atención médica. También, incorpora un apartado de recomendaciones que, entre otras cosas, precisa límites en el acompañamiento y estrategias de autocuidado y de resolución.