El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Islas observó que la falta de seguridad social y el ingreso económico insuficiente de las familias que arrojó el reporte sobre pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), son dos retos que se deben revertir con la generación de más empleo formal, la atracción de más inversión privada y detonar proyectos con la mezcla de recursos públicos y privados en la entidad.
Además, expuso que estas cifras del Coneval sirven para que el gobierno identifique qué programas han logrado sus objetivos y cuáles no, a fin de hacer los ajustes para reorientar los recursos económicos y humanos, pero sobre todo la incidencia que busca cada esquema gubernamental.
“El informe del Coneval sobre la pobreza muestra que aún hay mucho por hacer y sobre todo incrementar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas que incidan no solo en el bienestar social sino también en el bienestar económico de las personas”, agregó el dirigente de este sindicato adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Reconocemos el avance que ha tenido Tlaxcala, sobre todo en la reducción de 62 por ciento de la pobreza extrema, pasando de 109 mil 900 a 41 mil 700 tlaxcaltecas de 2008 a 2018. Sin embargo, el objetivo que debemos tener todos los sectores de la sociedad es erradicar la pobreza en el estado”, ahondó.
Altamirano Islas insistió en que las cifras sobre la falta de seguridad social y el ingreso económico insuficiente en las familias son dos retos que deben revertir los sectores público y privado mediante la generación de empleo formal a través de que se den las condiciones suficientes para atraer y retener inversión privada, e incluso detonar proyectos que conlleven una inversión mixta.
Para ello, abundó, es indispensable que el entorno económico muestre el apoyo no sólo del gobierno estatal, sino del federal y municipal, en temas relevantes para el ecosistema empresarial como incrementar la seguridad pública, propiciar la productividad de las empresas, fortalecer la mejora regulatoria para que existan normas claras y trámites simples que detonen competitividad y reduzcan los gastos y costos orientados al cumplimiento del marco regulatorio e implementar incentivos para fomentar la formalidad.
Por otro lado, consideró que los programas que implementen los tres niveles de gobierno deben ser esfuerzos coordinados y no duplicados, y tener suficiente transparencia, eficacia y eficiencia en su implementación y seguimiento.