Lunes, julio 22, 2024

¡Cumplimos! La Constitución no nos obliga a que tengamos las leyes secundarias: Padilla

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Los integrantes de la LXII Legislatura local podrían concluir su mandato sin terminar todo el andamiaje legal que dé sustento y operatividad al Sistema Estatal Anticorrupción  del estado de Tlaxcala (Seaet) y heredar parte de la implementación del mismo a sus sucesores, reconoció el presidente de la Comisión de Información y Protección de Datos Personales del Congreso local, Enrique Padilla Sánchez.

Sin embargo, elogió el trabajo realizado hasta ahora por los diputados locales y que, aseguró, ha sido consensuado con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, a pesar de que en los hechos solo han aprobado la reforma a la Constitución Política del estado que da origen a dicho sistema, ya que no dudó en asegurar que él y sus homólogos han actuado en este tema con “prudencia” tanto política como jurídica “al no apresurar la presentación de propuestas que todavía se discuten en el ámbito federal y de los que no hay claridad. Hemos actuado de manera institucional… esta cámara va cumpliendo muy puntualmente a los tlaxcaltecas y no solo le va a cumplir a los tlaxcaltecas, sino al país”.

El pasado mes de julio concluyó el plazo que otorgó el Congreso de la Unión para que las entidades federativas crearan sus respectivos sistemas anticorrupción. De acuerdo con el segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, expedida el 6 de julio de 2016, “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto”.

El pasado 15 de junio, los diputados aprobaron  una serie de reformas y adiciones a la Constitución Política local para crear dicho Sistema  Anticorrupción, en el que, entre otros aspectos, ahora los particulares serán responsables de cualquier participación que tenga en la malversación o desvío y mal uso de fondos públicos y, de paso, se creará el Tribunal de Justicia Administrativa adscrito al Poder Judicial.

Sin embargo, la aprobación de las leyes secundarias que den sustento a cada disposición constitucional está pendiente. Es el caso de la creación de las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción,  de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

De la misma manera, deberán aprobar reformas y, en su caso, adicionar las leyes orgánicas de la Administración Pública; del Poder Judicial y de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, así como la de Fiscalización Superior; de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Además, deberá adecuar a las nuevas disposiciones constitucionales las leyes de Obras Públicas: de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; los códigos Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y Financiero, entre otros.

Pese a ello, en entrevista con La Jornada de Oriente, el diputado priista Enrique Padilla consideró que el Poder Legislativo de Tlaxcala cumplió con el mandato federal en la materia, porque la Constitución Política local ya reconoce el sistema anticorrupción.

“Nosotros cumplimos con lo que nos obliga la Constitución, porque en ninguna parte de la reforma constitucional, incluyendo el segundo transitorio, nos obliga a que tengamos las leyes secundarias. Insisto, no nos obliga la reforma, lo deja a una interpretación, pero si no lo dice puntualmente, no lo podemos hacer. En el proceso de revisión, esta cámara va cumpliendo muy puntualmente a los tlaxcaltecas y no solo le va a cumplir a los tlaxcaltecas, sino al país, porque el hecho de ahorrarle debates innecesarios a la ciudadanía, conflictos, es un trabajo institucional y es un asunto que no se ve, pero que es nuestra responsabilidad”, apuntó.

Abundó que “habría sido muy irresponsable de nuestra parte haber propuesto todo (las reformas y adecuaciones normativas) al mismo tiempo, porque hoy estaríamos debatiendo nuevamente lo que ya se habría hecho; que si eso está mal, o si el proceso está mal, estaríamos en una dinámica de rehacer algo que estuvo mal, y quizá hasta cambiar la Constitución, pero creo que la prudencia jurídica nos dio resultados y fue mucho más importante esto que todas las voces que decían ya hay que hacerlo, porque nuestra idea es hacer las cosas bien o al menos, lo mejor posible”.

El legislador encargado de coordinar los trabajos prelegislativos para concretar todo el andamiaje jurídico que dará vida al sistema anticorrupción defendió la labor emprendida hasta el momento y aseguró que dichas acciones continúan, de ahí que anunció que a más tardar el 15 de noviembre concluirán la elaboración de los dictámenes de la mayoría de las normas secundarias a fin de avanzar en su validación.

“En todo esto vamos por partes, la primera parte es el proyecto de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual hace posible que sepamos qué es lo que tiene que trabajar el Tribunal Administrativo, porque después debemos hacerle la revisión al Código Penal, que nos dará la materia de lo que vendrán hablando, es decir, le vamos a dar nombre a las cosas, que no deben de hacerse, que tiene que ver con cohecho, soborno, le ponemos nombre a cada conducta, creo que también tenemos una confluencia de opiniones, tenemos ya un análisis sobre eso, que no hemos discutido en general, pero que ya está trabajado”.

“También tenemos la Ley Orgánica del Tribunal que tiene que ver como se concibe el Tribunal por dentro, esa es la parte que está en la iniciativa…pero falta una parte que estaré presentando, que tiene que ver con la reforma con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado, por la que concibe la Fiscalía Especial, pero la presentaré a fin de que la próxima semana al pleno y, con eso, cerraríamos para empezar las discusión y esperar las propuestas de los demás compañeros de bancadas, del gobernador, que él ha estado informado de manera personal por mí”, detalló.

Después de esta acción, refirió que en su cronograma de actividades tiene visualizado que en el mes de noviembre, en la primera quincena, realizarán la revisión y elaboración de las propuestas de los ordenamientos como el Código Penal, las leyes de Adquisiciones y Orgánica de la administración, pero “es una serie de procesos que todavía no tenemos y los debemos ajustar. Estamos pensando que podamos tener listo, cuando menos el predictame (de estos ordenamientos) alrededor del 15 de noviembre, por qué, para que lo tengamos listos antes del presupuesto, lo estoy pensando de esa manera”.

–Ahora, teniendo en cuenta que la primera quincena de diciembre propiamente inicia el proceso electoral de 2018, en el que varios diputados en funciones buscarán contender por su reelección o en la contienda por un escaño en el Congreso de la Unión ¿les dará tiempo concluir esto en los nueve meses que le resta a la legislatura, con los cambios que habrá en el Congreso, y terminar la arquitectura institucional del sistema?-, se le inquirió.

–Yo creo que toda la tercera parte sí la terminaríamos, no sé si nos alcance para reformar todos los códigos, posiblemente sea un tema pendiente todavía.

Además, advirtió que el Congreso del estado también tendrá pendiente la etapa poslegislativa, revisar si lo aprobado es funcional y cumple con las expectativas, así como los problemas que estas generarán o enfrentarán en su operatividad.

“Hay otra parte que debemos atender que es la operación administrativa (del sistema y del Tribunal, principalmente), es decir, falta lo más importante, a mi juicio, ver cómo empieza a operar administrativamente y funcionalmente, lo cual no es algo sencillo”, dijo, aunque antes refirió que, en torno a la autonomía de ese organismo, “ya tenemos un avance administrativo de lo que puede hacer y dónde puede estar el Tribunal Administrativo pensamos que puede estar a un lado de la Procuraduría General de Justicia y ahí puede albergar las oficinas (además), ya sabemos cuáles son los muebles, ya sabemos el personal y eso es un tema fundamental”.

–Pero la posibilidad de que dejen pendientes o que en agosto venidero, cuando concluyan su mandato constitucional no hayan terminado esta encomienda se acrecienta cuando analiza la obligación que tendrán de nombrar a los integrantes de las nuevas instancias creadas al amparo del nuevo sistema, se le comenta.

–Estamos hablando  que en su momento debemos hacer tres convocatorias, (para elegir), una para quienes van a elegir al Consejo Ciudadano, una del Consejo Ciudadano,  y otra para elegir a los magistrados del Tribunal Administrativo lo cual, en su conjunto, lo debemos ver el próximo año y su operación.

Y la complicación será mayor porque en el ámbito local y nacional no existe definición alguna de los perfiles que deberán ocupar esos espacios, lo cual “nos va a abrir un debate muy amplio, que complica”.

A pesar de estas condiciones y esta realidad, el priista Padilla Sánchez reiteró la disposición del Poder Legislativo, “con sus obvias diferencias por particularidades”,  por integrar un sistema anticorrupción que combata este flagelo en la sociedad.

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