Martes, febrero 27, 2024

Cumplimiento de la Recomendación de la CNDH: juegos de cifras y de palabras

Como ya se va haciendo costumbre desde 2020, hace unos días se llevó a cabo la ya Sexta sesión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) para el saneamiento del río Atoyac. En esta reunión, igual que en todas las anteriores, se reunieron funcionarias y funcionarios de los tres ámbitos de gobierno para compartirse la información que más les conviene y presumir las inversiones que han realizado respecto a lo que cada dependencia considera un gran avance en lo que, afirman, va siendo el proceso de atención a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo en Tlaxcala y, como en las anteriores, la información se manejó de manera directa, pero suficientemente ambigua para que las personas que lean los boletines de prensa o vean y escuchen los videos que dan cuenta de la noticia crean que en verdad se va avanzando en el saneamiento, aunque en sus comunidades no se note ningún cambio en las condiciones de las descargas industriales, la pestilencia provocada en muchos lugares por las emisiones a la atmósfera, ni en la disminución de las afectaciones a la salud en la población.
Desde la primera reunión en 2021, luego de la instalación del grupo de trabajo, funcionarias y funcionarios han sometido lo indicado por la CNDH en la recomendación al esquema acostumbrado por sus dependencias para mostrar que hacen algo aunque las acciones que llevan a cabo no estén articuladas entre sí y tampoco pretendan el impacto que se supone deberían lograr en la disminución de la contaminación ambiental ni de los daños a la salud de la población, y esto, aunque por varios lados se les hagan llegar datos e información científica acerca de la situación de devastación que prevalece en la Cuenca. Esa es la función que tiene el Programa de Acciones de Saneamiento (PAS), que cada uno de los actores gubernamentales llena por separado y del que luego da cuenta de su cumplimiento.
En esta última reunión, así lo muestran los boletines publicados en los medios, todas las dependencias aprovecharon el espacio para difundir como un logro el porcentaje alcanzado en el cumplimiento de su PAS, cuando se trata de acciones que ellas mismas comprometieron en el presupuesto desde finales del año pasado y que obligadamente tienen que realizar so pena de observación sobre su ejercicio en las auditorías que se les practiquen y hasta de reducción en el presupuesto del próximo año. Por una parte, se presume otra inversión millonaria sumando lo ejercido por los tres ámbitos de gobierno, que ahora llegó hasta los 327.7 millones de pesos. Y por otra, el gobierno de Tlaxcala, en voz del actual responsable de la Comisión de Agua y Saneamiento del estado, afirmó que se han ocupado este año en rehabilitar cuatro plantas de tratamiento, de cubrir los gastos de operación de otras 13 aumentando además su cobertura y luego en realizar etapas de reingeniería de dos plantas más también con una inversión millonaria. Todo esto suena muy bien, y hasta podría ser realmente bueno si las acciones reportadas por el gobierno de Tlaxcala y las demás dependencias estuvieran relacionadas entre sí y orientadas al saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac, pero al parecer no van por ahí. Todo indica que la recomendación 10/2017 de la CNDH se mantiene en los discursos, y hasta se festeja, pero realmente quedó ya muy atrás en lo que a su verdadero cumplimiento se refiere.
Gran ausente en este proceso de reuniones desde 2020 es la consideración de que la Cuenca del Alto Atoyac es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, en donde la salud de la población se ve gravemente afectada todos los días por la exposición constante a los tóxicos emitidos y arrojados por las industrias, y más fuertemente todavía mientras se viva cerca de las industrias mismas. Y en esta sexta reunión, realizada en Tlaxcala, es mucho más notable la ausencia de siquiera un comentario acerca del Informe Estratégico al respecto que el Conahcyt entregó el 2 de octubre al gobierno del estado. ¿Hasta cuándo los gobiernos y las dependencias involucradas en este proceso se decidirán a hacer bien las cosas?


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