La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) publicada en 2007. La ley vigente dice en su artículo 22 que la Alerta de Violencia de Género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
En Tlaxcala se han presentado tres solicitudes de investigación sobre la procedencia de declaratoria de Alerta de Violencia de Género ante el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dos de ellas fueron admitidas.
La primera solicitud fue realizada el 8 de agosto de 2016 “por existir trata de sexual” en 13 municipios del estado de Tlaxcala. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (Grupo de Trabajo de la AVGM) creado para dar seguimiento a este mecanismo, identificó las deficiencias que existen a nivel institucional para enfrentar la violencia sexual y la trata de mujeres e hizo nueve recomendaciones. El Grupo de Trabajo de la AVGM nunca dio por cumplida ninguna de las recomendaciones. El 4 de marzo de 2017, la Secretaría de Gobernación no decretó la Alerta de Violencia de Género, pero en el Resolutivo Tercero especifico que “… el gobierno del estado de Tlaxcala deberá dar continuidad a las acciones reportadas y adoptar las medidas necesarias para seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia”. Así, el gobierno, encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, institucionalizó la simulación gubernamental ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pues no se implementaron procesos reales de prevención que desestructuren la generación de una masculinidad explotadora y consumidora; no se crearon los refugios para brindar protección y atención a las víctimas; y tampoco se mejoró la sanción a las redes de trata.
Esa ausencia de políticas públicas permitió que las redes de trata continuaran sus operaciones teniendo impactos estatales, nacionales e internacionales –muestra de ello es el caso Meléndez Rojas, sentenciados en el estado de Nueva York. En el ámbito estatal sabemos, vía acceso a la información, que la Procuraduría General de Justicia del Estado recibió, de enero a octubre de 2021, 61 denuncias por explotación –34 por denuncia anónima, 22 por comparecencia y cinco en otra modalidad–, pero solo se abrió una carpeta de investigación en ese periodo. De las víctimas se reportaron 28, 18 originarias de Tlaxcala, cinco de Puebla, una de Nayarit, dos de Tabasco, una de Veracruz y una de Ciudad de México.
El 18 de agosto de 2021, en el contexto de la transición del gobierno de Tlaxcala, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida en todos los municipios del estado de Tlaxcala y el pasado 2 de marzo el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) presentó el Informe de Implementación de las Actividades de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Tlaxcala, pero en ningún momento afirmó que se había creado o que se crearía el Programa Estatal contra la Trata de Personas como lo mandata el artículo 44 en la ley vigente en materia de trata de personas en Tlaxcala y como lo recomendó el propio Grupo de Trabajo de la AVGM.
Este gobierno debe tener cuidado de que lo establecido en la ley en materia de trata y las acciones señaladas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no sean letra muerta y no lo convierta en un nuevo acto de simulación.