Con la finalidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala ejerzan plenamente su derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), pero en un entorno seguro que prevenga riesgos como el ciberacoso y la violencia digital, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó al Congreso local una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones.
La propuesta busca adicionar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, para armonizar la legislación local con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por México en 1990.
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Además, la enmienda busca homologar las disposiciones locales con las recientes reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en especial, la que reconoce el derecho al acceso a internet libre de violencia como un derecho fundamental para la infancia.
La iniciativa de Cuéllar Cisneros propone adicionar un Capítulo XXI al título segundo de la Ley estatal, bajo el nombre “Derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación”, en él se establece que las y los menores tendrán garantizado el acceso universal a servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet, en condiciones de equidad, asequibilidad y calidad.
De manera específica, planteó que las niñas, niños y adolescentes gozarán del derecho a integrarse plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento; podrán hacer uso del internet como medio efectivo para el ejercicio de derechos a la educación, la salud, la comunicación, el esparcimiento y la no discriminación.
También contarán con políticas públicas que garanticen un uso seguro de las tecnologías, particularmente frente a amenazas como el ciberacoso, la violencia digital y cualquier forma de daño a su intimidad, seguridad o dignidad.
La reforma también contempla la modificación del artículo 117 de la Ley, a fin de actualizar la integración del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en función de la nueva estructura administrativa y la participación de órganos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La exposición de motivos, la mandataria subraya que, en el plano internacional, los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso de la niñez a la educación, la información y los avances tecnológicos como herramientas para combatir la desigualdad y el analfabetismo.
Detalló que en México, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos de la infancia introdujo el principio del interés superior de la niñez, lo que derivó en la creación de un marco jurídico especializado.
En ese contexto, “Tlaxcala busca ahora adecuar su legislación para no quedarse rezagada frente a los compromisos nacionales e internacionales”, con el argumento de que la conectividad ya “no es un privilegio, sino una condición indispensable para garantizar otros derechos humanos”.
“Resulta urgente que las instituciones del Estado promuevan el acceso universal y seguro a internet, pero también que prevengan y sancionen las formas de violencia digital que, lamentablemente, hoy afectan a niñas, niños y adolescentes en el país y en el estado”, refiere el proyecto.
No obstante, en el documento remitido a los integrantes de la LXV Legislatura local reconoce que el ciberacoso y la violencia en plataformas digitales representan una amenaza creciente para la integridad, seguridad y dignidad de la población infantil y adolescente.
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Por ello, la iniciativa no sólo garantiza la conectividad, sino que instruye al Estado a desarrollar políticas de prevención, protección, atención y sanción frente a estas conductas, con la finalidad de construir entornos digitales seguros.
La gobernadora sustentó su iniciativa en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, particularmente en los programas orientados a modernizar el sistema jurídico estatal y garantizar el respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el documento, Tlaxcala debe contar con un marco normativo actualizado y armonizado que asegure la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos, con especial énfasis en sectores en situación de vulnerabilidad.
