Pese a la caída de diversos indicadores financieros, el cuarto ajuste trimestral de las participaciones federales resultó positivo para los tres poderes y los municipios del estado de Tlaxcala, con un monto de 221 millones 679 mil 865.90, mismos que deberán ser distribuidos entre estos.
De acuerdo con el documento aprobado por el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria (CPCH) y remitido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a la LXIV Legislatura local para su validación y distribución, el periodo octubre-diciembre del año 2023 resultó superavitario.
La iniciativa remitida por la gobernadora establece que los ingresos transferidos provenientes de participaciones federales e incentivos económicos que llegaron a la entidad en el período octubre–diciembre del año pasado, sujetos a distribución, presentaron un crecimiento del 8.1 por ciento, cuyo monto representa los 221 millones 679 mil 865.90 pesos.
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El monto positivo se da a partir de la distribución de excedentes de ingresos federales y estatales correspondientes a dicho periodo y ajustes por diversos rubros como gasolina y diésel, fondo de compensación a municipios y el impuesto sobre automóviles nuevos a municipios, entre otros.
De la bolsa a asignar, a los municipios, en su mayoría, les corresponderán una asignación global por 24 millones 910 mil 457.40 pesos, mientras que a los tres poderes del Estado les tocan los restantes 196 millones 769 mil 408.50 pesos.
De ese total de recursos, de acuerdo con la iniciativa que ya fue remitida a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, al Poder Ejecutivo le corresponden 184 millones 46 mil 775.73 pesos, que representan 93.53 por ciento del total, mientras que al Poder Judicial le tocarán recursos adicionales por 6 millones 595 mil 462.94 pesos, que son el 3.35 por ciento y a los diputados les asignarían 6 millones 127 mil 169.83 pesos, que son el 3.11 por ciento del total de recursos a distribuir.
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De acuerdo con el artículo 299 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, que establece que, cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año, por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los municipios, el Ejecutivo estatal solicitará al Congreso la autorización correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se distribuirán a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la misma proporción que les corresponda respecto al presupuesto autorizado en el decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, con relación a los recursos recaudados por fuentes locales y participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente.