Sábado, agosto 13, 2022
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Crisis hídrica III

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Continuamos con los 12 acuerdos básicos generados por organizaciones civiles, dentro del movimiento “Agua para todos”, mismos que sirvieron de base para proponer al Congreso de la Unión, el proyecto para una nueva Ley de Aguas Nacionales, que considere las necesidades de todos los sectores de la población y no se favorezca desde el poder sólo los intereses de unos cuantos, por encima de las necesidades básicas de la mayoría de ciudadanos. Quinto. No permitir el uso del agua para la minería tóxica o de fracking. En otras ocasiones hemos comentado ya las enormes cantidades de agua que se utilizan en la minería para obtener unos cuantos gramos de metales considerados “preciosos”, misma que es regresada contaminada a los ríos o a los mantos freáticos. Hasta el día de hoy, la grave contaminación del río Sonora y su larga secuela de afectaciones, por parte del grupo minero México, sigue impune. Sexto. Acabar con el acaparamiento de las concesiones. Desde hace años se ha venido denunciando el acaparamiento de manantiales y pozos por parte de las empresas que consumen en sus procesos productivos, enormes cantidades de agua y muchas veces mediante prestanombres o falsas empresas, detrás de las cuales están principalmente las refresqueras y cerveceras. Se ha denunciado incluso que hay tráfico de concesiones.

Séptimo. Prohibir la privatización del agua. Bajo el argumento de que los gobiernos estatales y municipales no tienen la capacidad de responder a la demanda de la población de un servicio que es vital, se han realizado ensayos para privatizar el agua, señalando que lo más costoso es la extracción y distribución, dejándolos en manos de empresas privadas y sin ningún control por parte de la ciudadanía o del Estado. Recordemos que hace unos meses en la localidad de Ocotlán hubo un fuerte conflicto entre los pobladores, porque descubrieron que un grupo de particulares se había adueñado de la prestación del servicio. Hasta la fecha no ha quedado claro en qué quedó el conflicto. Octavo. Democratizar los servicios del agua. Esto implica la participación ciudadana en todo lo que se refiere al agua, desde la elaboración de la ley, el otorgamiento de concesiones, su vigilancia y la elaboración de las políticas públicas en torno al uso y aprovechamiento del agua. Los Comités del Agua locales, con escasa representación ciudadana, han sido presa fácil de la corrupción y del uso opaco de los recursos, lo que ha servido de pretexto para que los ayuntamientos asuman el control de los sistemas de agua, sin rendir cuentas a nadie.

Noveno. Priorizar el agua para fortalecer la soberanía alimentaria. Las empresas agroalimentarias también han acaparado las concesiones hídricas para cultivar y envasar alimentos de escaso valor nutritivo, en detrimento de los pequeños agricultores que en su mayoría carecen de sistemas de riego y dependen del temporal, pero que producen alimentos más sanos y nutritivos, Son ellos quienes debieran tener prioridad en el acceso al agua. Décimo. Garantizar el pleno acceso a la información en todo lo referente al agua, para poder saber, por ejemplo, cómo verifica la Conagua los verdaderos volúmenes de agua que utilizan las empresas. Décimo primero. Destinar los recursos públicos suficientes para asegurar el suministro efectivo del agua, pues la estrategia neoliberal ha consistido en recortar los recursos para que el Estado no pueda brindar un buen servicio y mejor lo entregue a intereses privados. Décimo segundo. Erradicar la corrupción, la tarea imposible y permanente que en cualquier gobierno tiene que desarrollarse de manera permanente, pues es un cáncer que ha permeado toda la vida social, pasando por encima de cualquier normatividad.

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