Domingo, agosto 7, 2022
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Crisis hídrica II

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Reconstruir el ciclo natural del agua es la tarea más urgente que debemos emprender si queremos mantener todas las formas de vida sobre el planeta; objetivo que para los neoliberales no es más que una utopía, un sueño idealista, porque según ellos, la solución a las crisis, es disminuir a la población mundial para que se consuman menos recursos, ayudando a la naturaleza (con guerras, pandemias, contaminación, depredación, devastación de los ecosistemas) a realizar una aparente “selección natural”, que de natural no tiene nada, llevando las crisis al extremo, para que al final sobrevivan los “más aptos”, es decir, los que hayan acumulado la riqueza suficiente para comprar lo necesario para sobrevivir.

En este sentido apoyan las campañas del uso racional del agua, por ejemplo, siempre y cuando sean los ciudadanos quienes se sacrifiquen, pero ellos mismos siguen sobreexplotando los mantos freáticos y oponiéndose ferozmente a que se controle su gasto hídrico. Desde 2013, numerosas organizaciones civiles, agrupadas en el movimiento “Agua para Todos”, han venido trabajando en consensuar acuerdos básicos para orientar tanto la política, como la legislación en torno al agua. En febrero de 2020, presentaron ante la Cámara de Diputados, una iniciativa ciudadana para una nueva Ley General de Aguas, basada en 12 principios o acuerdos fundamentales.

El primero de ellos es respetar a la naturaleza y sus ciclos, lo cual implica el saneamiento de todas las corrientes de agua superficiales y profundas, pues ya se percibe como normal que los ríos y cuerpos de agua sirvan para alejar de las poblaciones los desechos y la basura. Los ríos se han transformado en enormes sistemas de drenaje a cielo abierto que dispersan la contaminación hasta los mares. En este sentido, recordemos que sigue pendiente la descontaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan, a pesar de que se ha demostrado las graves consecuencias a la salud de los pobladores aledaños a sus riveras. Nadie hasta ahora se ha atrevido a establecer un verdadero plan de saneamiento que implica simplemente hacer que quienes contaminan cumplan con la ley devolviendo limpia el agua que usan.

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Segundo. Respetar el agua de pueblos y comunidades. Los campesinos tradicionales y las comunidades indígenas han sido los guardianes de las fuentes de agua y hasta ahora siguen defendiendo sus recursos ante la voracidad de las mineras, las refresqueras y las agroindustrias que buscan adueñarse de corrientes y manantiales para explotarlos. Recordemos el ejemplo reciente de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, a las faldas del Popocatépetl, que vende millones de litros de agua embotellada, mientras la población ya no tiene acceso a sus manantiales.

Tercero. Coadministrar las aguas en los territorios. Evidentemente no se trata de cerrar el acceso al agua para todas las comunidades, pero sí de hacer un uso equitativo y adecuado de ella, por lo que se requiere de conformar órganos administrativos en los que participen ciudadanos de todos los niveles que permitan armonizar la satisfacción de las necesidades de todos, bajo criterios de equidad y sustentabilidad, y no bajo criterios mercantiles.

Cuarto. Derecho a vetar proyectos dañinos. Este tema ha sido el más debatido en los últimos decenios: bajo el disfraz de grandes proyectos de “desarrollo”, se ha pretendido despojar a las comunidades del agua y de sus recursos. Siempre se trata de proyectos impuestos desde arriba, desde funcionarios comprados por las empresas que promueven esos proyectos mediante engaños y compra de autoridades, justificando todo en nombre del “crecimiento necesario”, lo que ellos llaman “desarrollo”, y hasta se atreven a disfrazarlo de “sostenible”, cuando es todo lo contrario.

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