Domingo, agosto 7, 2022
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Las últimas semanas, así como el domingo pasado, han estado marcados por fenómenos supuestamente “atípicos”, relacionados con el estrés hídrico: mientras los habitantes de Monterrey descubren con estupor que ya están viviendo con el suministro racionado de agua y que en vastas regiones del país sufren una fuerte sequía, amenazando los cultivos de este ciclo agrícola, este fin de semana se abatió sobre la región centro una fuerte granizada que colapsó techos y provocó enormes inundaciones que afectaron la infraestructura urbana, sin contar con los daños a los cultivos en las zonas rurales.

Esto se explica en los medios como algo que depende exclusivamente de los caprichos de la naturaleza y no tiene nada que ver con el calentamiento global, el cambio climático, ni con el modelo depredador que predomina actualmente en el mundo. Es innegable que cada vez se hacen más presentes los signos de una creciente escasez del vital líquido y que, ante esta situación, forzosamente tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos cotidianos y valorar más este recurso cada vez más escaso; pero no hay que olvidar que más allá de nuestro uso descuidado, hay otras causas estructurales que provocan directamente la falta del agua. En 1992, el gobierno neoliberal de Salinas, con la Lay Nacional de Aguas, abrió la puerta a las concesiones ilimitadas del agua, especialmente a las empresas y a las agroindustrias, lo que ha permitido la privatización abierta o encubierta del acceso al recurso; recordemos, por ejemplo, el caso del municipio de Puebla, en donde el ayuntamiento se declaró “incapaz” de proporcionar ese servicio a la ciudadanía por carecer de recursos, lavándose las manos y dejando a una empresa privada la responsabilidad de proporcionarlo, pero con la ventaja de que puede fijar los precios que considere adecuados a sus intereses.

Esta traición a la ciudadanía se justificó diciendo que no se privatizaba el líquido en sí, un bien común, sino que se “concesionaba” sólo el servicio de extracción y distribución que era lo costoso. Durante todos los siguientes gobiernos neoliberales que hemos padecido, se ha desarrollado una lucha permanente por parte de las empresas, especialmente las refresqueras, las cerveceras, las mineras y las agroindustrias, por apropiarse del agua, despojando a pueblos y comunidades, bajo el disfraz del “desarrollo necesario”. En los últimos días del gobierno de Peña, por varios decretos, se eliminó la prohibición de hacer más concesiones en 295 cuencas del país, introduciendo la idea de que se podían hacer concesiones, pero estableciendo las “reservas de caudal”, es decir, que se debía garantizar el 30 por ciento del caudal hídrico para las comunidades.

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Un engaño más, puesto que la Conagua, el máximo organismo del Estado para regular el acceso y consumo del agua, nunca ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad de verificar la cantidad de agua y de pozos reales que realmente operan los concesionarios. No hay que olvidar que desde 2012 se reconoce en la Constitución vigente, el acceso al agua como un Derecho Humano, con base en lo cual debería reformarse la actual Ley de Aguas Nacionales, pero después de 10 años no se ha modificado ni la ley, ni su reglamento, porque ello significaría, simple y llanamente, reconocer que el acceso al agua está por encima de cualquier otro interés, y que no es una mercancía sometida a los caprichos del mercado. Por otra parte, hay que tener presente que promover un uso más responsable y eficiente del agua, no es suficiente; lo importante es reconstruir el ciclo del agua en la naturaleza, revertir la deforestación y la desertificación, así como revertir las emisiones de gas de efecto invernadero; esto sería ir al fondo del problema y no tratar de buscar una solución temporal a las consecuencias y no una definitiva al origen.

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