En la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) existe una crisis de salud y las enfermedades crónicas cada día cobran más vidas; no solo en la población adulta, sino en jóvenes y menores de edad. Esta problemática debe ser analizada considerando los factores de mayor peso dentro y fuera del sistema público de salud.
Dentro del sistema, hay problemas relacionados con la cobertura y las barreras de acceso a los servicios de salud, la disponibilidad de recursos y la calidad de la atención. En la CAA existe una alta inequidad y las poblaciones vulnerables se enfrentan a mayores barreras para acceder a la atención médica (barreras geográficas, financieras, disponibilidad…).
La capacidad resolutiva del sistema público es muy baja y no cubre las necesidades de salud de la población abierta. El primer nivel de atención (PNA), piedra angular del sistema, está debilitado y no brinda una atención integral. Según los datos de la Dirección General de Información en Salud, en la mayoría de los municipios hay menos de tres unidades de PNA, y en los centros rurales hay un déficit de médicos, equipos y medicamentos. Aproximadamente en el 56 por ciento de estas unidades no hay un médico general, sino un estudiante de medicina, particularmente en Puebla. Las unidades móviles solo operan en las urbes y el 52 por ciento no funciona.
Los hospitales públicos se encuentran en el 18 por ciento de los municipios y hay un déficit de las especialidades médicas que más se necesitan, según el perfil epidemiológico. Esto representa un obstáculo para las personas sin seguridad social (un millón 161 mil 741, según Inegi, 2020), tomando en cuenta que muchas de las especialidades de alta demanda solo se encuentran en algún hospital de la seguridad social. De manera que las personas no derechohabientes deben acudir a un hospital privado, pues no hay asociación entre los hospitales de los diferentes subsistemas para posibilitar la complementariedad e intercambio de servicios.
Según la encuesta del PRONAII de Ciencia de Datos, el 53 por ciento de los enfermos renales se trata en otro municipio o estado; 50 por ciento en un hospital del IMSS y 22 por ciento en uno privado. En el 67 por ciento de los casos, los gastos son asumidos por la familia.
El problema es complejo y debe ser abordado desde una perspectiva sistémica. Las acciones aisladas, como la adquisición de equipos, unidades móviles, tamizajes, aunque son necesarias, son insuficientes para enfrentar los desafíos para mejorar las condiciones de salud de la población vulnerable.
La federalización de los servicios de salud y la implementación del modelo MAS–Bienestar prometen ser una vía para disminuir las barreras de acceso a la atención de salud y fortalecer la atención integral bajo el enfoque de atención primaria. Sin embargo, a pesar de las inversiones en infraestructura y recursos, no se observan grandes avances en la implementación del modelo en Puebla y Tlaxcala, y las decisiones parecen seguir obedeciendo el enfoque hospitalo–céntrico, con respuestas principalmente curativas y centradas en la enfermedad de manera descontextualizada a la persona y su entorno.
Para garantizar el derecho a la salud no basta con asegurar el acceso a servicios integrales y de calidad, sino que el gobierno sea capaz de actuar efectivamente sobre los determinantes de la salud, entre estos los ambientales, y de construir las condiciones para una vida saludable.
La salud y el ambiente están interconectados. Las evidencias de los peligros ambientales a los que se exponen las personas de la CAA por la contaminación industrial son crecientes. Según el informe del Conahcyt, las y los habitantes están expuestos a metales pesados y a otros químicos peligrosos, detectándose en sangre y orina niveles superiores al límite permisible en muestras humanas en más del 50 por ciento de la población estudiada. De seguir con estas tendencias, las acciones orientadas a fortalecer el sistema de salud solo servirán para contener enfermedades, pero no para lograr comunidades saludables.
En la CAA se deben prevenir–mitigar aquellas acciones que atentan contra la salud, al tiempo de realizar los arreglos para disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud y de fortalecer la calidad de la atención bajo un enfoque centrado en las personas y comunidades. Es tiempo de que se sitúen a las personas y sus derechos al centro del diseño de las políticas públicas y se evalúen de manera sistemática las implicaciones sanitarias de los proyectos industriales.
