El 14 de mayo pasado se reunieron, en la Secretaría de Gobernación (SG) federal, representantes de las autoridades federales señaladas en la Recomendación 10/2017, con el subsecretario de Derechos Humanos y los representantes de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para discutir sobre la firma del convenio de colaboración interinstitucional que elaboró la Conagua, en abierta contravención de los términos de la Recomendación de la CNDH. La reunión ocurrió 14 meses después de emitida la Recomendación y más de siete meses después de que venció el plazo para que el convenio se celebrara.
En la Recomendación, de marzo de 2017, se incluye un punto dirigido al director de la Conagua –que ésta aceptó desde abril de 2017–, el cual estipula que el convenio debería incluir a las empresas asentadas en la cuenca (y principales responsables de la contaminación tóxica y cancerígena que destruye cotidianamente la salud de más de 3 millones de personas que habitan en ella), así como a las organizaciones de la sociedad civil que así lo desearan. La Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local solicitamos, desde julio de 2017, ser incorporados en el grupo interinstitucional que, en teoría, se encargaría de diseñar e implementar el plan de saneamiento de la cuenca Atoyac–Zahuapan. Nunca obtuvimos respuesta satisfactoria a nuestra solicitud.
Parecería que la reunión tendría un propósito loable: destrabar la firma de un convenio para sanear una de las cuencas más contaminadas del país. Sin embargo, como denunciamos en el Segundo Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac–Zahuapan, realizado el pasado sábado 25 de agosto, en Ixtacuixtla, el convenio constituye una nueva y perversa simulación oficial, puesto que pretende, en cuatro páginas y media, estipular acciones y medidas superficiales, insulsas e ineficaces para un falso saneamiento que, de aplicarse, sólo agravará la situación de deterioro ambiental y de la salud de los pobladores de la cuenca. Por ejemplo, en el “convenio” diseñado por la Conagua, violando los términos de la Recomendación y del mismo artículo 4 de la Constitución, reduce la participación de la sociedad civil a insulsas campañas de limpieza o como “beneficiarias” de campañas propagandísticas plagadas de autoelogios oficiales, como si los electores no hubieran ya expresado, con su voto, lo que piensan de la simulación oficial que sólo usa el poder político y económico del Estado para beneficiar los intereses de las empresas cuyas emisiones contaminantes están matando a la población.
Para colmo, la minuta de la reunión efectuada en la SG, consigna que los representantes de la Profepa “señalaron que ellos no conocían el texto del convenio de coordinación y cooperación interinstitucional del que habla el representante de Conagua, por lo que solicitaron que les fuera remitido, a lo cual el representante de Conagua señaló que ya se había enviado a Profepa, siendo el caso que en su réplica los representantes de Profepa confirmaron su desconocimiento del mencionado instrumento, solicitando les fuera remitido para su análisis y consideraciones”. En otras palabras, la Profepa ¿no sabía del convenio elaborado por Conagua después de 14 meses de emitida la Recomendación?
El asunto sería ridículo, si no fuese trágico el hecho de que, en la cuenca, entre 2002 y 2016 murieron, según datos de Inegi, más de 25 mil 700 personas de cáncer, lo cual significa una muerte cada cinco horas. Desde que fue emitida la Recomendación de la CNDH sobre la violación de los derechos humanos de los pobladores de la cuenca a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la salud y a la información, han muerto más de 2 mil 100 personas de cáncer, sólo con la dilación de las autoridades que, una vez más corroboran su incapacidad para coordinarse y para reconocer que no tienen la voluntad política ni el interés de restituir los derechos de los pobladores de la cuenca Atoyac–Zahuapan.
Además, después de 10 meses de vencido el plazo para que las partes llegaran a un acuerdo para diseñar un plan de saneamiento en el que participara –como es su derecho– la sociedad civil, la CNDH no se ha pronunciado por el incumplimiento de la Recomendación. La CNDH, encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado como garante de los derechos humanos en el país, está omitiendo ahora su obligación de dar parte al Senado de la República para hacer comparecer a todas las autoridades omisas. Esa dilación cuesta vidas y nadie puede guardar silencio sobre este crimen de Estado, ahora doloso, contra la población. El sistema de protección de los derechos humanos es inoperante en circunstancias como esta y sólo posibilita la comisión de violaciones mayores de los derechos humanos en el país.
Ante el silencio de la CNDH, la complicidad, la torpeza y la negligencia criminal del Estado mexicano, las comunidades de la cuenca acudirán, entre el 20 y el 26 de octubre próximo, a la audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionará en Guadalajara, Jalisco, para denunciar ahora que no existe duda alguna de que para las autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano, la vida de la población y las condiciones ambientales para sostenerla, son descartables. Sólo importan los intereses de la industria nacional y transnacional, pero éstos sólo pueden ser protegidos a costa de crímenes de lesa humanidad. No caben las excusas gubernamentales. La justicia debe llegar para los afectados y los gobiernos de Peña Nieto, Gali y Mena son los principales responsables.
