Como ya se ha comentado en algunos medios, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal, los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla, y también algunos ayuntamientos del estado, están haciendo públicos varios documentos en los que se plantean los ordenamientos que se están llevando o se pretenden llevar a cabo en torno a la formación y formalización de la Cuarta Zona Conurbada del país que abarca el territorio de Tlaxcala y el de la Cuenca entera del Alto Atoyac. Esta Zona, en conjunto, va desde Puebla hasta Apizaco y llega por el occidente hasta San Martín Texmelucan. Los documentos son: el Programa Metropolitano Puebla–Tlaxcala, trabajado desde hace ya varios años y hecho público entre 2023 y 2024; el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Tlaxcala–Apizaco, que la SEDATU entregó hace unos días a la gobernadora de Tlaxcala, pero que al parecer se tenía ya tiempo antes porque se publicó desde el 16 de agosto en un número extraordinario del Periódico Oficial del estado. Y también están los documentos con los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que, al decir al menos de los gobiernos federal y el de Tlaxcala, se están elaborando o actualizando. Y a estos documentos se suma el proceso, terriblemente extemporáneo, de construcción exprés de un Plan de Ordenamiento Ecológico promovido por la Semarnat saliente para toda la Cuenca del Alto Atoyac, que se quiere entregar entre octubre y noviembre.
Estos documentos se presentan en los vericuetos de los tiempos de cierre de sexenio y de medio tiempo del gobierno estatal en Tlaxcala, y según dejan ver, con los problemas tristemente acostumbrados de nula o muy escasa participación ciudadana en su consulta y elaboración. No porque la ciudadanía no quiera participar, sino porque, por un lado, se imponen los tiempos gubernamentales sobre los tiempos ciudadanos, y también porque los tiempos y los objetivos gubernamentales suelen estar alineados con las industrias, empresas constructoras e inmobiliarias y no con las necesidades y derechos de la población.
Un ejemplo de esto fue cuando la Sedatu, el gobierno del estado y el municipal avalaron hace un par de meses el intento de imposición de un programa de ordenamiento territorial en el municipio de Yauhquemehcan, al que la población puso freno en una reunión de cabildo, pues fue elaborado sin participación de la ciudadanía y con base en uno de otra ciudad.
Otra característica de estos documentos es que, desde sus consideraciones sobre el contexto de la cuenca y los municipios, se ignoran los datos ofrecidos por dependencias del mismo gobierno federal, como la Secretaría de Salud y el Conahcyt, sobre la grave situación de contaminación y las afectaciones que esta ha provocado sobre la salud de la población. Con personas afectadas principalmente en las zonas suroccidente y centro–norte de la Cuenca del Alto Atoyac, ahí donde se aplicará el programa de ordenación.
Este programa, se trata de la ruta normativa técnica necesaria para el “crecimiento inevitable” de una metrópoli como la que tenemos, dijo en entrevista el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda de Tlaxcala. Pero, sabiendo cómo se hacen estas cosas, se trata de un instrumento que necesariamente debe estar armonizado con el programa Puebla–Tlaxcala y con el que, a su vez, se deberán armonizar todos los planes de ordenamiento municipal.
Con discursos muy atractivos en torno al desarrollo, crecimiento y beneficio para la población, el gobierno estatal y algunos municipales han mostrado que lo que se busca en realidad es la urbanización y la gentrificación en favor de las industrias y del turismo que pueda pagar; la reducción de espacios para el uso cultural comunitario; la destrucción o desplazamiento de las particularidades y riquezas culturales y económicas de la región con tal de favorecer a ultranza la consolidación del Clúster Automotriz, aunque sea a costa de la diversidad, la vida comunitaria y la salud de la población.
Pero la población se forma, se informa y resiste ante el fatalismo del “crecimiento inevitable”, hace valer su voz frente a los embates estatales, municipales y legislativos. La población se organiza y hace ver que Tlaxcala sí existe, no para la propaganda turística depredadora, sino porque conoce sus derechos y lucha siempre por hacerlos valer.