El pleno del Congreso local, por mayoría de votos, aprobó la iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que crea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en sustitución de la Secretaría de la Función Pública, instancia que asumirá las funciones para garantizar el derecho a la acceso a la información pública.
En sesión extraordinaria celebrada este jueves, los diputados avalaron, con el voto en contra de las diputadas del PRD, Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano, el expediente parlamentario LXV 072/2025 que transforma la actual Secretaría de la Función Pública en la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual contará también con un órgano administrativo desconcentrado, denominado Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala.
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La coordinadora de la bancada del PRD, Blanca Águila Lima sostuvo que la enmienda representa un retroceso y centraliza el derecho a la información a la buena voluntad y disposición de una sola entidad, como es el Ejecutivo estatal.
“(La reforma) representa darle al Estado la vía para convertirse en juez y parte del ejercicio y tutela de un derecho humano, con el surgimiento de más preguntas que respuestas respecto de la imparcialidad con la que pudiera ser otorgada la información de interés público. Otorgar facultades a una sola instancia de gobierno como las que tendrá la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, será trasladar a una instancia del Ejecutivo la autoridad para dar o no la información pública, con el supuesto de que ésta sea reservada cuando ponga en riesgo la imagen de una institución”.
Abundó que con esta reforma, se desmantelan los contrapesos institucionales que durante años se construyeron para evitar el abuso de poder, con lo cual “se diluye la posibilidad de una vigilancia objetiva y se abre la puerta a la opacidad y falta de transparencia institucional… Centralizar la información en una sola instancia no garantiza eficiencia, sino control; no garantiza certeza, sino discrecionalidad”.
Pese a los argumentos, 17 diputados avalaron la enmienda, la cual, explicaron “es una respuesta directa a la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024”, así como al decreto 155, publicado el 30 de junio del año 2025, que ordenó la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, “transfiriendo sus facultades a las contralorías y órganos internos de control”.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reestructura pretende “evitar duplicidad de funciones, racionalizar el gasto público y generar ahorros significativos” que, según el Ejecutivo, podrán destinarse a programas sociales prioritarios. También se busca fortalecer la coordinación entre dependencias, agilizar la toma de decisiones y consolidar un manejo más eficiente de la información pública.
El dictamen, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica, renombrando el Capítulo XVII, antes dedicado a la Secretaría de la Función Pública, y estableciendo un catálogo de facultades que abarcan desde la inspección del gasto público hasta la modernización de la administración estatal.
De acuerdo con el resolutivo, la nueva Secretaría tendrá a su cargo “planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización, anticorrupción e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Estado y su congruencia con el Presupuesto de Egresos”.
Además, será la encargada de ejercer las atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, función que asumirá tras la desaparición del IAIP. En la práctica, esto implica que cualquier solicitud de información pública será tramitada, atendida y resuelta por esta dependencia, centralizando en un solo ente el control y la vigilancia del gobierno estatal.
Entre las 45 atribuciones que tendrá la nueva dependencia, destacan: emitir normas de control interno y modernización administrativa; vigilar el cumplimiento de dichas normas y asesorar a los órganos internos de control; realizar auditorías anuales a dependencias y entidades estatales; fiscalizar el uso de recursos públicos y la congruencia entre el gasto y el presupuesto aprobado y designar y remover titulares de órganos internos de control.
También deberá substanciar procedimientos por faltas administrativas, imponer sanciones por faltas no graves y presentar denuncias por faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción; llevar el registro de servidores públicos, sus actas de entrega-recepción y sanciones impuestas; impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos abiertos; coordinar acciones para prevenir actos de corrupción e impulsar la participación ciudadana.
La Secretaría también tendrá la facultad de emitir el Código de Ética de los servidores públicos, validar estructuras orgánicas de las dependencias, coordinar la política de integridad gubernamental y promover la cultura de la transparencia.
Los diputados establecieron que dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, deberá emitir un Decreto para la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala.
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Además, la Secretaría de Finanzas verificará la viabilidad de otorgar recursos financieros a dicho Organismo Desconcentrado para su debido funcionamiento y el cual, estará jerárquicamente subordinado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y contará con autonomía funcional para la toma decisiones, debiendo en todo momento cumplir con las normas y leyes aplicables.
“Las competencias y facultades del órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala, estarán delimitadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el Reglamento interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno” y como titular del mismo será designado un director.
Para el cumplimento de las nuevas funciones, el gobierno estatal realizará las adecuaciones y reorganización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyendo a las instancias competentes la realización de las adecuaciones presupuestales necesarias de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado.
Aunado a ello, el Ejecutivo tendrá un plazo de 45 días naturales para coordinar, junto con la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, el proceso de transferencia de atribuciones, personal, recursos materiales y financieros hacia la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En ese mismo periodo, la titularidad del Ejecutivo deberá expedir las reformas a los reglamentos interiores que correspondan para dar operatividad inmediata a la dependencia.
