La corrupción en México y en Tlaxcala es un lastre que afecta a la sociedad por sus costos económicos, políticos y sociales. Al menos 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares es destinado a pagos extraoficiales, mientras que según estimaciones del Banco de México, 9 por ciento del Producto Interno Bruto se pierde en ese acto.
Como lo establece José Luis Antón Alvarado, la corrupción le cuesta a México al menos 100 mil millones de dólares al año. Sin embargo, a este mal se le ve como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen. Por eso, no se le combate, porque como dice el presidente Enrique Peña Nieto, “el que esté libre de pecado…”.
Sin embargo, es necesario alzar la voz sobre la corrupción, por mínima que sea. La semana pasada dimos cuenta de la forma en que, al menos, no dudamos que existan más, dos diputados han hecho del Congreso del estado un espacio para que su familia tenga un ingreso y además, aparentemente, sin laborar.
Pero lo que ocurre en la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es imperdonable, digno de una investigación judicial, que no se quede sólo en el escarnio político o en la reubicación de funcionarios. Ahí, los servidores públicos duplican los costos de los apoyos para la producción del campo, presuntamente, para lograr dividendos para sus fortunas personales. Por cada millón de pesos que reparten, otro más se pierde en el camino de la corrupción
Cientos de millones de pesos que debieran incidir de manera positiva en las condiciones del sector agropecuario se han ido a los bolsillos no sé de quién; quizá del delegado, de los subdelegados o de plano de los líderes charros de las diversas organizaciones, que en muchos de los casos ni campesinos son. Es necesario investigar, ahí están los datos.
Si bien, sólo 2 por ciento de los delitos de corrupción es castigado, éstos siempre son los cometidos por mandos inferiores. Muestra de ello es que de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, por actos de corrupción, sólo siete han sido consignadas, es decir, 1.5 por ciento.
Es hora de que los actos de corrupción señalados no se queden sólo en el escarnio público; las autoridades gubernamentales saben de esto, si quieren, pueden, sólo falta que quieran actuar.