La corrupción florece en los campos de la burocracia y las praderas de las dependencias gubernamentales, tanto locales como federales, pues han sido tierra fértil que abonadas con la impunidad y el manejo mercantil y político de organizaciones, hacen que la productividad de la tierra se diluya en perjuicio de los verdaderos campesinos.
En este mismo espacio hemos dado cuenta de por lo menos tres graves casos de corrupción gubernamental, en la que se duplican los costos de insumos, con lo cual, se reduce el número de beneficiados y desde luego, la superficie de tierra apoyada es todavía menor.
También acotamos la forma en la que productores beneficiarios de proyectos son timados y engañados para que al final, sus proyectos que resultaron ganadores pasen a manos de personas desconocidas. Eso ocurre tanto en la Sagarpa y en la Sefoa, en donde actos desleales en perjuicio de los campesinos florecen casi como plagas.
Pero el interés, en todos los casos, está marcado por el amor al dinero fácil de las autoridades o al menos eso parece. Ese es el caso de la firma Agro Negocios Arrotec, que presuntamente por no entrar a ese esquema, fue excluida del padrón de proveedores y con ellos, unos 3 mil productores están en riesgo de no recibir el apoyo gubernamental previsto y logrado para cultivar sus tierras.
De acuerdo con la denuncia penal que ya se sustancia ante la Procuraduría General de la República (PGR), hay indicios de los presuntos responsables de esos hechos. Se tratan del delegado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jaime Garza Elizondo, así como de Valeriano Sanmiguel Sánchez, otrora subdelegado de la dependencia, que ya fue despedido por diversos señalamientos, pues habría hecho de la corrupción una mina de oro para él y sus socios, así como Enrique Ramón Vásquez, empleado de la dependencia.
Por esos manejos oscuros y mercantiles, con tintes políticos, es urgente ya una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del país, para fortalecer las facultades del Estado y que se garantice la transparencia en el manejo de los impuestos transformados en políticas públicas para el sector primario y de paso, que regulen los procesos de constitución, autorización, registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores agrícolas genéricas y por producto o rama de producción, pues de lo contrario, la plaga de la corrupción se acabará la producción del campo.