Durante 2019 se logró controlar el matrimonio infantil en el estado, pues no se registró ningún caso, aseguró Patricia López Aldave, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
La también titular del Consejo Estatal de Población (Coespo) lo atribuyó al empate del marco jurídico local, concretamente el Código Civil del estado con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con la normatividad general en esta materia.
“Está penado y prohibido que haya matrimonio entre menores, ni con autorización de tutores ni de padres ni de ninguna autoridad”, apuntó la funcionaria.
Pero lamentó que en algunas localidades de la entidad, todavía se rigen por usos y costumbres que permiten este tipo de uniones, por lo que se imparten pláticas sobre esta situación a efecto de concientizar y sensibilizar a la población, particularmente a padres de familia, así como a las propias autoridades de comunidad y municipales.
También se ha incluido en las acciones de prevención al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con el propósito de firmar convenios con instituciones jurídicas que han apoyado “para llevar los casos de abuso y de violencia”.
Sostuvo que hasta el momento el Sipinna tampoco tiene conocimiento de que las niñas de alguna comunidad hayan sido vendidas o intercambiadas por objetos materiales para que se conviertan en esposas.
A partir de este año se trabajará en una estrategia de denuncia ciudadana sobre abuso y cultura de paz, de manera conjunta con otras dependencias, anotó.
Llamó a la sociedad tlaxcalteca a dar parte a las autoridades de aquellas situaciones relativas a esta problemática, a efecto de ayudar “a la vida de una o un menor que probablemente sea víctima de violencia o abuso infantil”.
Pese a que la población toma consciencia, “en ocasiones no denuncia por temor a represalias” debido a que el conflicto se presenta en los vecinos o familiares, por lo que en este tipo de circunstancias se recurre a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), indicó.
Con base en el artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
Esta normatividad también establece que este sector de la población tiene derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Asimismo, dispone que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que las niñas, niños y adolescentes sean afectados por descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, corrupción, trata de personas, tráfico de menores, trabajo antes de la edad mínima de 15 años, entre otras.
López Aldave recordó que el Sipinna tuvo conocimiento de 12 casos de embarazo infantil, en menores de 15 años de edad, a consecuencia de abuso sexual, los cuales fueron denunciados ante las autoridades.
“Afortunadamente son mínimos, sin embargo, tenemos conocimiento de que existen”, por lo que se realizan pláticas con las familias para el rescate valores y para que reconozcan la importancia de dedicar tiempo y calidad a sus hijos, en lugar de cantidad, así como tener una mayor comunicación con ellos.
A partir de este 2020 se trabajará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reportar ante el número de emergencia 911, ante la PGJE y el Sistema Estatal DIF, agregó.
Remarcó que este es un tema delicado que se debe atender, pero que difícilmente es dado a conocer públicamente por seguridad y salvaguarda de las menores de edad.
Por parte de la Secretaría de Salud (Sesa) hay protocolos para atender a niñas víctimas de abuso, en tanto el Sipinna se encarga de verificar que esos mecanismos que se aplican no vulneren sus derechos.
En esta tarea la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) brinda apoyo, a fin de que la legislación que protege a este sector no sea quebrantada, incluso puede intervenir la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), abundó.
El tema –comentó– es abordado en coordinación con las instituciones relacionadas en la detección de casos, como el Sistema Estatal DIF a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sipinna, la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC).
La Ley de los Derechos de las y los infantes también ordena el establecimiento de medidas tendientes a prevenir el embarazo de niñas y adolescentes, asegurar una prestación médica, incluido el acceso al servicio de interrupción legal de la gestación.
