Tras pronunciarse en contra del desalojo de comerciantes ambulantes del centro de la ciudad de Tlaxcala, Isaías Chanona Hernández, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, demandó al ayuntamiento capitalino que permita a vendedores que no han aceptado el nuevo espacio asignado, establecerse nuevamente para vender sus productos en lo que resta del año y que al tiempo se diseñe un plan integral de reubicación; mientras tanto, advirtió que continuarán las movilizaciones de protesta.
En rueda de prensa, a la que también asistió Francisca Onofre, lideresa de los aproximadamente 60 comerciantes adheridos a esta asociación, rechazó que este grupo de personas busquen un trato privilegiado, pero que la opción que brinda el municipio para trasladarlos a otra área es inviable porque no es paso de muchos consumidores.
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Señaló que la medida del ayuntamiento viola derechos constitucionales como el consagrado en el artículo 123, para tener un empleo bien remunerado “y desafortunadamente eso no está pasando en el municipio ni en el estado”.
Por su parte, Francisca Onofre, lideresa de comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista, remarcó que la petición “que estamos haciendo es correcta, que nos dejen sacar nuestra mercancía, no queremos privilegios, somos humildes igual que toda la gente, no tenemos apoyo de ninguna forma”, ´pese a que la mayoría son mujeres vendedoras.
Refirió que al municipio se le pagan 700 pesos, “de 350 pesos que nos cobraba nos subieron a esa cantidad” mensual, según el giro comercial, pues en algunos casos la cantidad llega a mil 500 pesos, y “ahorita tenemos el problema de que hay recibos que no tienen fondo, que son falsos, así los está dando ayuntamiento, pero eso ya es problema de ellos.
Sostuvo que las y los vendedores cuentan con estos documentos para demostrar que van al corriente y que varios datan de años atrás, desde 2010. Asimismo, aseguró que no se ha reunido con las autoridades, contrario a lo que el propio ayuntamiento difundió a medios de comunicación. “No las conozco”.
Insistió en que se les permita trabajar donde se encontraban, pues “debemos dinero por préstamos pedidos para comprar mercancía. Nunca nos avisaron del desalojo, solo vinieron a cerrar con vallas y policías”.