Josefina Romano Sanluis, integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), aseveró que, a la fecha, el actual Consejo General de este órgano aún no la ha reconocido como consejera activa.
Recordó que a la fecha es la única consejera activa (pues el resto de miembros de este cuerpo colegiado se ha separado del cargo, de carácter honorífico, desde 2017).
Asimismo, reprochó que el Consejo General actual mantenga la misma postura que el anterior (destituido por el Congreso local a mediados del año pasado). “Ha caído en los mismos vicios y errores” y que se niega a reconocer el derecho que ella tiene.
Romano Sanluis señaló que integrantes de ese Consejo General se han “olvidado de que ese instituto cuenta con un Consejo Consultivo”, al que deben incorporar
Asimismo, anotó que su investidura ha sido menguada a través de respuestas “dolosas” a su solicitud de información. Explicó en febrero pasado presentó una petición y que con fecha 2 de marzo fue contestada y considerada improcedente, bajo el argumento de que debería estar signada por todos los consejeros consultivos.
Apuntó que el IAIP se encuentra obligado a garantizar que la información sea pública, pero que en la actualidad, el Consejo General “se ha escudado” en el tema de la contingencia por el Covid-19, a pesar de que puede cumplir con sus obligaciones con el uso de medios electrónicos, incluidas las verificaciones a sujetos obligados.
Afirmó que la respuesta a su petición fue con la cita de hipervínculos de la página de transparencia del IAIP, de los cuales “solo el referente al Plan de Trabajo 2020, fue el único visible”, no así los relativos al estado que guardan los recursos de revisión de los Derechos Arco y de acceso a la información.
Mencionó que tampoco en el caso de las denuncias presentadas en contra de sujetos obligados, ni la versión pública de currículos vitae de personal recién contratado, ni la situación actual de la integración del Comité de Transparencia y tampoco el presupuesto 2020.
“Al ser consultada cada una de las anteriores peticiones en la Plataforma Nacional de Transparencia, se puede observar que la misma se encuentra justificada o desactualizada”, añadió la consejera consultiva.
Concluyó que con su exclusión de los trabajos que en conjunto se deben desarrollar, hay un perjuicio en contra del Sistema Estatal de Transparencia. “El Instituto me considera una persona desprovista de una investidura pública”, subrayó.