El pleno de la LXV Legislatura local aprobó, este martes, dos minutas de reforma constitucional remitidas por el Congreso de la Unión en materia de extorsión y sobre la ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, con las cuales buscan abatir el crecimiento del delito de extorsión y la necesidad de dotar de mayor legitimidad democrática a los altos mandos de la corporación de seguridad federal.
La primera minuta validada faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de extorsión, que homologue los tipos penales y sanciones en todo el país. Con esta reforma, de acuerdo con el dictamen, busca erradicar la disparidad existente entre los códigos penales de las entidades federativas y el Código Penal Federal, donde actualmente coexisten penalidades mínimas y máximas muy dispares, lo que genera vacíos de aplicación y desigualdad en el castigo de este delito.
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De acuerdo con el texto aprobado, se considera extorsión a la conducta de quien, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el fin de obtener un lucro propio o para un tercero, causando un perjuicio patrimonial a la víctima. La sanción oscila de dos a ocho años de prisión, con posibilidad de aumentarse cuando intervienen sujetos con calidades específicas o en casos de asociación delictuosa.
No obstante, la definición que se busca consolidar a través de la Ley General es más amplia, pues reconoce las múltiples modalidades con las que hoy opera este ilícito, desde llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, amenazas en línea o presenciales, que no requieren contacto directo con la víctima.
El objetivo, detallaron, es abarcar no solo los daños patrimoniales, sino también los perjuicios psicológicos, morales y emocionales, que afectan tanto a individuos como a empresas y a la sociedad en su conjunto.
En la exposición de motivos reconocieron que las cifras oficiales dan cuenta de la gravedad del fenómeno, ya que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se registraron 11 mil 39 víctimas de extorsión; en 2023, 10 mil 950; y en 2024, 10 mil 804 y solo en enero del presente año, el promedio diario alcanzó 29.77 casos, un incremento del 57.6 por ciento con respecto al ejercicio fiscal del 2018.
La reforma aprobada reconoce que la ausencia de una política criminal unificada ha sido una de las principales debilidades en el combate al delito, ya que mientras en el ámbito federal la pena va de dos a ocho años de cárcel, en Oaxaca es de uno a tres años y en Chihuahua de cinco a 30 años. Las multas también varían, pues en Tlaxcala y otros estados rondan entre 36 mil y 86 mil pesos; en la Ciudad de México alcanzan hasta 340 mil; y en Coahuila llegan a casi 700 mil pesos.
Esa disparidad, advierte la exposición de motivos, no solo genera confusión jurídica, sino que también facilita espacios de impunidad que los grupos delictivos aprovechan.
La segunda minuta avalada por el Congreso local incorpora a la Constitución la obligación de que los nombramientos de coroneles y oficiales superiores de la Guardia Nacional sean ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente. Se trata de un ajuste normativo derivado de la incorporación de este cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2024.
Hasta ahora, la Carta Magna ya contemplaba que el Senado ratificara los nombramientos equivalentes en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, pero al excluir a la Guardia Nacional habría significado mantenerla en un régimen excepcional, debilitando la coherencia constitucional y, sobre todo, el control democrático sobre sus mandos, justificaron en el dictamen.
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Los legisladores federales que promovieron la reforma sostienen que esta medida no es meramente formal, sino un mecanismo de pesos y contrapesos que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública. La ratificación legislativa permitirá, en teoría, bloquear perfiles que no cumplan con los estándares de profesionalismo, derechos humanos y legitimidad social necesarios.
Otro aspecto destacado de la reforma es la incorporación de lenguaje incluyente y no sexista en la Constitución Federal. Expresiones como “presidente de la República” se sustituyen por “persona titular de la Presidencia de la República”, y “servidores públicos” por “personas servidoras públicas”.
Este cambio, responde a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a compromisos internacionales de México y a directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
