El Poder Legislativo se alista a realizar la declaratoria de validación de las recientes reformas constitucionales que concretaron en el mes de mayo a través de las cuales, entre otros aspectos, determinaron la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP).
Lo anterior porque al menos 31 municipios ya notificaron al Congreso del estado la aprobación que sus cabildos realizaron a dichas enmiendas, las cuales fueron aprobadas el pasado 29 de mayo.
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Aunque sin precisar los nombres de las Comunas que realizaron esas validaciones, fuentes consultadas del Congreso local informaron que esta semana podrían realizar la citada declaratoria y ordenar al Poder Ejecutivo local la publicación de esas enmiendas en el Periódico Oficial del gobierno del estado.
De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política local que establece que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de dicha norma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde éstas y que sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban.
Las recientes reformas constitucionales establecen la desaparición del IAIP y que las funciones del órgano garante de información pasarán a formar parte de las instancias internos de control de los propios sujetos obligados en los tres poderes, órganos autónomos, ayuntamientos, y otras instituciones que ejerzan recursos públicos o actos de autoridad.
Para ello, crearán un nuevo esquema donde las contralorías internas de los poderes del estado, los órganos autónomos y los entes públicos que manejan recursos se convierten en las nuevas autoridades garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Además, contempla la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se comenzará a conformar como nueva dependencia estatal encargada de encabezar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, hasta que el Congreso realice los ajustes legales correspondientes.
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Una vez publicado del decreto, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones constitucionales.
Además, los recursos materiales con que cuente el IAIP deberán ser transferidos a lo que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Aunado a que el IAIP transferirá los recursos financieros a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado y deberá entregar la información y formatos necesarios para integrar la cuenta pública y demás informes correspondientes al periodo que va del mes de enero de 2025, al último mes en que se publique el decreto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, entre otros aspectos.
