La presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, Maribel León Cruz negó que la determinación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya significado la despenalización del aborto en Tlaxcala, pues aclaró que lo aprobado por el máximo tribunal del país únicamente invalida disposiciones que restringían el acceso inmediato a servicios médicos para víctimas de violencia sexual o familiar.
En entrevista, la legisladora explicó que, de acuerdo con la resolución federal, ahora se consideran inválidas las normas del Código Penal y de la Ley de Salud estatal que condicionaban la atención médica de víctimas de violación a la apertura previa de una investigación ministerial; exigían autorización de madres, padres o tutores para que niñas y adolescentes accedieran a anticoncepción de emergencia y supeditaban la interrupción legal del embarazo a una aprobación previa del Ministerio Público.
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“No se trata de una corrección de plana. La Corte lo que hizo fue destrabar estos candados que impedían ejercer los derechos ya reconocidos en nuestra legislación”, puntualizó al recordar que el Código Penal del estado ya contempla excepciones para permitir la interrupción del embarazo, principalmente en casos de violación sexual o cuando está en riesgo la vida de la madre.
León Cruz insistió en que el Congreso deberá esperar la notificación oficial de la SCJN respecto al fallo, con el fin de iniciar la revisión legislativa que resulte necesaria para armonizar el marco legal estatal con el criterio judicial.
“Estaremos esperando exactamente cómo viene esta resolución que realizó el tribunal. En cuanto la recibamos de manera oficial, estaremos haciendo el trabajo con las y los compañeros para avanzar en lo que corresponda”, expuso.
La presidenta del Congreso también señaló que el fallo no habilita automáticamente la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas, ni obliga al estado a implementarla de inmediato, pues “todavía falta trabajar en ese tema. En este momento, es solamente quitar esos candados para que cuando haya agresiones sexuales o violencia, los procedimientos se realicen de manera directa.”
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Sobre los reclamos de activistas feministas, quienes han afirmado que la LXV Legislatura “ha quedado a deber” en la agenda de derechos reproductivos, la diputada reconoció que el debate sigue pendiente, pero sostuvo que habrá diálogo interno:
“Tiene que haber sensibilización con las y los compañeros. Las comisiones que tienen estas iniciativas deben hacer labor de consenso y puertas abiertas para que puedan encaminarse.”
Finalmente, reiteró que será hasta que la SCJN notifique formalmente al Congreso cuando se definirá la ruta legislativa a seguir, porque “no hemos recibido la determinación. Sabemos lo que se expuso en la sesión pública, pero debemos conocer los puntos completos de manera oficial.”
