Por mayoría de votos y en medio de imputaciones por presuntas irregularidades y omisiones, el pleno del Congreso local designó a Arturo de Casa Vega y Jaime Martínez Sánchez como comisionados, propietario y suplente, respectivamente, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax) para el periodo comprendido del 2 de enero del año 2024 al 31 de diciembre del año 2030.
Sin embargo, la designación fue refutada por la presidenta de la Comisión de Información Pública del Congreso local, Blanca Águila Lima, quien denunció que hubo diversas irregularidades en el proceso, lo que evidencia un nombramiento plagado de irregularidades y opacidad que ponen en entredicho la transparencia que debe regir a ese órgano garante en la materia.
“Desde esta tribuna lamento y condeno, enérgicamente estos actos en los que, contrario a nuestra labor legislativa de garantizar la certeza en los procesos de elección de personas servidoras públicas desde este poder, el nombramiento de un comisionado del IAIP -Tlaxcala está marcado por la falta de precisamente de dos de los conceptos que este órgano tutela: la transparencia y el acceso a la información”.
Incluso, la priista alertó que ya fue promovido, al menos, un amparo, en contra del proceso y la designación, por lo que alertó de posibles fallos legales en contra de la labor parlamentaria llevada para este nombramiento.
En el mismo tenor, a través de un voto en particular, se pronunció el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria, quien refirió que en todo el proceso privó la parcialidad y el amaño, sobre todo, que la intención de la mayoría encabezada por Morena, busca el control del IAIP-Tlax, al nombrar a personas afines a dicho partido.
“La falta de certeza en el procedimiento, así como la presunción de que la designación de la persona comisionada iba a la par con un procedimiento parcial y amañado, de tal forma que la designación que haga el Congreso, no recaiga en una persona imparcial, profesional, especializada en el tema, que en el ejercicio del cargo aplique estrictamente la ley, sino solo que corresponda a los intereses del actual partido gobernante, es decir, se busca el control del órgano autónomo y no la actuación profesional y autónoma de éste”, refirió el voto en particular que emitió el congresista.
La diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reyna Flor Báez Lozano defendió el proceso y aseguró que pese a las críticas vertidas, “todas las etapas fueron con apego a la legalidad y en total transparencia”.
“A lo largo del proceso para designar a la persona comisionada del IAIP-Tlax, he sido señalada en múltiples ocasiones, por personas a quienes no les gustó que se siguiera el proceso, un proceso que se debe llevar a cabo en comisiones unidas, tal como se realizó desde el inicio y no de manera unidireccional como se pretendía. Poner en duda el procedimiento es poner en duda el trabajo y el compromiso de los integrantes de ambas comisiones”.
“Por ello, en este recinto digo basta; basta a los señalamientos sin sentido, basta a las falacias y ataques personales; basta del discurso absurdo de manifestarse en contra de todo, por el simple hecho de no dar gusto, como si eso le diera credibilidad o dignificara nuestra función, cuando la dignidad y credibilidad se ganan en el trabajo, estar presente en las sesiones, y en el esfuerzo de saber que sirve a un pueblo y no a un partido”, apuntó.
Pese a ello, en votación nominal, es decir de viva voz de cada uno de los congresistas, proceso que solo se hace en la aprobación de leyes o reformas y adiciones de las mismas, 20 diputados avalaron el nombramiento.
El argumento para aprobar la designación, de acuerdo con el dictamen, es que ambas personas fueron quienes resultaron mejor evaluados del proceso llevado para tal fin, pues de acuerdo con la evaluación que practicaron los integrantes del sínodo, conformado por Liliana Cárdenas Morales, Kira Ciofalo Lagos y Francisco Mixcoatl Antonio, lograron las calificaciones más altas.
“Específicamente, estas comisiones consideran que el orden idoneidad señalado por el sínodo, para ocupar el cargo, respecto a las cinco personas aspirantes que completaron las etapas de la convocatoria, corresponde a lo observado en la aplicación del examen oral, celebrado en reanudación de la sesión permanente en la que se instalaron estos órganos legislativos internos durante el procedimiento; actuación en la que pudo advertirse directamente el temple, la personalidad, la capacidad para expresar coherentemente sus conocimientos y el nivel de seguridad personal de las personas aspirantes, cualidades, todas éstas, que son importantes para la toma de decisiones trascedentes, como las que corresponden a la encomienda pública a la que aspiran”, justificaron en su resolutivo.
Abundaron que en atención a que dicho informe que “tiene el carácter de opinión no vinculatoria del sínodo, pero se haya objetivamente apegado a las capacidades mostradas por los aspirantes en la fase de evaluación del proceso de designación”, es procedente que “se ratifique, en sus términos, dicho informe y, consecuentemente, proceda a designar a la comisionada o comisionado del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado, para el periodo que abarcará del 2 de enero del año 2024 al 31 de diciembre del año 2030, de entre las cinco personas aspirantes a tal designación, enlistadas en el informe aludido”.
De acuerdo con esas calificaciones dadas a conocer, promediando los exámenes escritos y orales, que sirvieron para nombrar al nuevo comisionado y su suplente, fueron las siguientes: Arturo de Casa, 9.13 y Jaime Martínez, 8.38, mientras que los otros tres postulantes lograron menores promedios, como son los casos de Iván de la Fuente Cruz con 8.14; Marlene Tlapale Tlapale, 8.0 y Dagoberto Flores Luna, 7.33.