Los integrantes del Poder Legislativo reformaron y adicionaron la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo de Tlaxcala, con el objetivo de actualizar su marco jurídico, fortalecer la atención pública y establecer nuevas obligaciones para instituciones educativas, autoridades municipales y organismos estatales a fin de prevenir diversas afecciones y proteger a la población.
En la última sesión ordinaria de este periodo de sesiones, los congresistas reformaron la legislación, como lo propuso la priista Sandra Aguilar Verga, a fin de garantizar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación, además de que actualizaron la legislación para redefinir conceptos clave como adicción, conducta adictiva, centros integrales de atención, evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica y modelos de atención, además de precisar funciones de los consejos estatal y municipales en la materia.
El Congreso también aprobó la reforma para garantizar el acceso gratuito y oportuno a los servicios de salud mental con apego a los derechos humanos y reforzó el derecho de niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales o del comportamiento adictivo, incorporando el derecho a recibir información adecuada, trato digno y atención especializada.
También establecieron que el gobierno del estado deberá generar acciones para la atención de la salud mental y presupuestar progresivamente recursos suficientes conforme a recomendaciones internacionales.
Destaca la obligación que tendrá el Estado de crear el Programa Estatal de Atención a la Salud Mental, con perspectiva de género e interculturalidad. Además, formalizaron la obligación de implementar protocolos especiales, entre ellos el de salud mental para emergencias y el de atención temprana al intento suicida.
De igual forma, incorporaron la participación obligatoria de profesionales de la salud mental en acciones de prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento y en el ámbito educativo, ordenaron la integración gradual de especialistas en psicología infantil y juvenil en escuelas públicas y privadas, así como la elaboración de material informativo para padres y tutores.
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Aunado a ello, destaca la obligación del Estado de realizar tamizajes de salud mental por lo menos una vez por ciclo escolar en instituciones públicas y privadas, a cargo de especialistas y con apoyo de los Centros Integrales de Salud Mental.
Las reformas contemplan la creación de Villas de Transición para casos agudos, y actualizan atribuciones del Consejo Estatal, las secretarías involucradas y los prestadores de servicios, ampliando las responsabilidades institucionales y reforzando la protección de la población.
