 y plataformas informáticas en la prestación del servicio privado de transporte con chofer){kind=link}
El Congreso del estado no podrá aprobar el cobro derechos causados por la operación y/o administración de aplicaciones y plataformas informáticas en la prestación del servicio privado de transporte con chofer, pues ello no está legislado, advirtió la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la legisladora de Morena sostuvo que antes de considerar la captación de recursos estatales por derechos a partir de esas aplicaciones, los integrantes de la LXIII Legislatura local deberían reformar la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado.
La postura de la congresista se da luego de que los criterios de política económica del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2020, que presentó el Ejecutivo, prevé el cobro por los derechos causados por la operación y/o administración de aplicaciones y plataformas informáticas en la prestación del servicio privado de transporte con chofer.
El proyecto prevé que las aplicaciones digitales o APPS, representa una cuestión de orden público e interés general, haciéndose necesaria su regulación jurídica y/o administrativa ya que los usuarios tienen derecho a gozar de seguridad en sus traslados, por lo que “en la iniciativa se incluyen los conceptos de cobro por los derechos causados por la operación y/o administración de aplicaciones y plataformas informáticas”.
Sin embargo, la legisladora Netzáhuatl Ilhuicatzi dijo que no existe disposición jurídica que reconozca a éstas, de ahí que “tenemos que hacer un análisis para ver cómo viene la Ley de Ingresos. Hacer un análisis para ver cuánto quiere recaudar por diferentes conceptos y en el caso específico de las APPS, aún no ha sido aprobado por el Congreso del estado, entonces no sé en base a qué mecanismo lo esté proyectando”.
Abundó: “Necesitaríamos primero tener la legislación para que se pueda aprobar o no el funcionamientos de estas APPS y en qué términos se va a aprobar; hay una propuesta sin embargo esto no significa que ya entre o tenga vigor, porque todavía no se termina el proceso legislativo, se tiene que subir al pleno y conforme a ello, veremos cuáles son los términos que se aprueban en la ley”.
Entonces, antes de establecer esos derechos se debe definir la legalidad del funcionamiento de estas plataformas, se le inquirió.
“Si claro, así debe ser. Digamos que el Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto y todavía no están legisladas estas plataformas, se tendrá que analizar y en su momento tendremos que preguntarle a la Secretaría de Planeación y Finanzas cuáles fueron los criterios bajos los cuales se emite o se está proyectando estos derechos y cuánto se estima recaudar y bajo qué términos se hará”.