Con los plazos acotados, y a punto de fenecer el periodo de mandato de la LXIV legislatura local, sus integrantes pretenden no solo nombrar al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE), sino a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Fabricio Mena Rodríguez reconoció que tiene la obligación y responsabilidad legal de hacer esos dos nombramientos.
El diputado priista explicó que para el caso del nombramiento del fiscal, primero se tendrá que armonizar las disposiciones legales a fin de que la FGJE comience operaciones antes del 1 de agosto del año en curso.
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— La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) June 12, 2024
“Las comisiones especiales tendrán que generar ese proceso para llegar a estos dos puntos, como es el nombramiento del fiscal, que incluye la Ley de la Fiscalía y la renovación en este caso de dos magistrados del TJA”.
El también coordinador de la bancada del PRI refirió que la LXIV legislatura cumplirá con lo que se establece en la ley en la materia para el nombramiento del nuevo fiscal, toda vez que es facultad del Congreso designar a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia y de las Fiscalías Especializadas a partir de la terna que contenga las propuestas que le presente el Poder Ejecutivo.
“Así lo marca la ley que tenemos que responder en estos temas y deben de quedar en esta legislatura; se ha avanzado y no es que estemos iniciando ahorita los trabajos y ya se está en el proceso”, detalló.
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En el caso del nombramiento de los dos nuevos magistrados del TJA, Mena Rodríguez dijo que también se deberá dar celeridad al tema ya que el próximo 31 de agosto concluye el periodo de mandato constitucional de los actuales magistrados María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez.
De acuerdo con la Constitución Política local, es facultad de los diputados nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado salvaguardando en los procesos los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia.
El congresista enfatizó que para tal designación deberán cumplir con los ordenamientos legales, pues antes deberán aprobar los exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a la Ley ante el Pleno del Congreso quien nombrará a los miembros del Jurado que estará́ integrado básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado. Para la práctica de esos exámenes, deberá́ expedirse, con un mes de anticipación, una convocatoria dirigida a todos los abogados de la entidad, debidamente publicitada en tres periódicos impresos de circulación diaria en el Estado conteniendo el nombre de los sinodales.
El legislador confió en que no existan mayores complicaciones al respecto, con la finalidad de que antes de que concluyan su mandato, el 29 de agosto próximo, todas esas designaciones se hayan realizado conforme a derecho.
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