Conflicto en el transporte público en Tlaxcala

En Tlaxcala no hay transporte público, toda la movilización de personas que no cuentan con vehículo particular, deben hacerlo a través del transporte privado, lo que ha permitido que desde hace décadas haya un abuso en el cobro de las tarifas tanto de las llamadas colectivas hasta los famosos taxistas. La mayoría de los pasajeros se queja de los abusos permanentes del servicio de transporte, desde el precio hasta la calidad que se brinda, sin que haya tenido efectos en los transportistas, quienes ante la ausencia de otro tipo de competencia no hicieron nada para mejorar el servicio y ofrecer tarifas justas. Dos hechos cambiaron los usos y abusos, primero los mototaxis en la región sur del estado y segundo las plataformas digitales que dieron paso a Pronto y otras más.

La puesta en marcha de la aplicación Pronto no sólo provocó otra opción para la movilidad, sino que dado las tarifas que son inferiores al transporte privado concesionado, ha puesto en jaque sobre todo a los taxistas de la entidad; de hecho, la aplicación que entró en operación en el año 2017 generó desde su aparición el surgimiento de conflictos legales, el uso de la violencia desmedida y movilizaciones en distintos puntos de las ciudades más importantes del estado por parte de los prestadores de servicios, éstos quienes ante la nueva competencia han exigido la intervención del gobierno para cancelar el uso de las plataformas, aludiendo que su funcionamiento contraviene la Ley de Comunicaciones y Transporte; en ese sentido, la Coordinadora Estatal de Transporte y la Unión de Transportistas de Tlaxcala, que agremia a más de 2 mil taxistas, han ocupado la plaza pública para en varias ocasiones salir a protestar por el crecimiento de las plataformas, asegurando que no están autorizadas, que son ilegales y desleales, dado que las tarifas llegan a estar por debajo de la mitad del precio que cobran los taxis de sitio.

En ese sentido, el gobierno y el Congreso local, desde la anterior Legislatura, no han querido poner punto final a las arremetidas de los inconformes y han sido más bien tolerantes con la violencia, la toma de plazas públicas y los excesos cometidos por los taxistas, en virtud de que no han impulsado iniciativas de ley para regular el uso de las plataformas digitales. La omisión del gobierno no sólo contribuye a que haya inestabilidad, sino que fomenta el uso de prácticas delictivas cometidas a los operados de las plataformas, a los vehículos particulares y en general a la ciudadanía que toma la opción de las plataformas. De hecho, existen registros de esos delitos por parte de las autoridades de procuración de justicia local, pero eso no ha significado sanciones por los actos delictivos.


Al respecto, el conflicto pone de manifiesto que no hay voluntad del gobierno para resolverlo, que los taxistas mantienen en su mayoría tarifas altas y servicio de pésima calidad, mientras que los operadores de plataformas tampoco hacen énfasis en la importancia de ser sujetos regulados, pero también queda claro que, ante la ausencia de transporte público, los usuarios están presos del crecimiento del conflicto.

De hecho, es muy probable que en los próximos años veamos un crecimiento exponencial del uso de plataformas, tal como está ocurriendo a lo largo del país; por ende, se requiere que las autoridades comiencen a realizar su trabajo para evitar que el conflicto siga escalando y en ese escenario se pueden vislumbrar algunas alternativas. Entre las soluciones, desde luego está la regulación a las plataformas que se oferten en Tlaxcala, que dé certeza a los usuarios, operadores y hasta los vehículos que ofrecen este servicio y que esto coadyuve a desactivar la movilización permanente de los taxistas, la regulación debe ser para garantizar un buen servicio y no para establecer tarifas similares a las existentes en los taxis que ya operan generando la posibilidad de que estos últimos bajen sus tarifas, incluso puede someterse a discusión bajar los impuestos que ahora pagan los inconformes como una medida que incentive un buen arreglo. Aunado a ello y quizás más importante es que el gobierno apueste por ofertar transporte público como ocurre en las grandes ciudades, metrobus, tren ligero, autobuses de cuyas tarifas por lo regular están muy por debajo del servicio privado. Resulta vergonzoso que la entidad no tenga ninguna opción pública, esta medida además de coadyuvar a la movilidad, incide en el comportamiento de los precios, es probable que esto equilibre a la baja las brechas entre taxis y plataformas, pero para que esto ocurra el gobierno debe pensar en la movilidad y planeación urbana, más allá de poner topes y pavimentar calles. Desde luego, lo que se trata es que el beneficiario sea sin lugar a dudas el usuario. Veamos que hacen las partes.

Entre tanto, el activismo del desacreditado Enrique Krauze por defender la no reelección, es contraria a la opacidad y mutis sobre la operación Berlín y los millonarios contratos para sus producciones editoriales obtenidos en los últimos sexenios, sobre todo en el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, quizás se requiere crear el Frente contra los Intelectuales Corruptos Transexenales (FICT) y que éste lo presida el fiscal General de la República. Ver para creer.