Confía Conatram que próximo gobierno federal resarcirá el abandono a este sector por parte de la SICT

Pedro Carmona Zamora, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram), confió en que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México,  resarcirá el “abandono” a este sector durante el sexenio que está por concluir.

Comentó que se espera que la próxima titular del Poder Ejucutivo federal pondrá un mayor énfasis en la atención que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) brinde a los transportistas del país.

Consideró que en el transcurso de este sexenio que terminará el 30 de septiembre próximo, las personas que estuvieron al frente de esa dependencia no tendieron los puentes de comunicación para dialogar y escuchar a este gremio, pese a la importancia que representa su trabajo.

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Para Carmona Zamora hubo un abandono a este sector por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, “siento que se ha fallado”, pues los secretarios que han estado al frente no tuvieron la suficiente disposición para abordar diversos temas relacionados con este rubro.

El líder transportista reiteró que las personas que se dedican a esta actividad tratan de cumplir con su deber, “que no es otro que el del Servicio Público Federal, transportando tanto alimentos como materias primas y productos determinados hacia fuera y dentro de ese estado”.

Remarcó que desempeñan esta función a pesar de los riesgos que representa circular en algunas carreteras del país, donde son víctimas de la delincuencia así como de los abusos por parte de autoridades, entre ellas las municipales.

Reiteró que por ello este lunes 29 de julio, la Conatram realizó una manifestación pacífica en contra de las revisiones efectuadas en municipios de Nuevo León, así como de las extorsiones de las que son víctimas.

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Remarcó que lo que acontece en esa entidad del norte del país es un ejemplo de lo que también sucede en otras, como la realización de inspecciones en las que se les “siembra droga” para inculpar a los operadores de las unidades.

Asimismo, se imponen altos costos por el servicio de grúa de 12 mil a 15 mil pesos; además de las amenazas constantes de llevar los vehículos al corralón para ponerlos a disposición del Ministerio Público y del cobro de hasta 40 mil pesos para recuperarlos, indicó. “El colmo -expresó- es también tenerle miedo al policía, no da seguridad”.