Con la convicción de que a más tardar la primera semana de agosto iniciarán con el proceso de dictaminación de cuentas públicas de 2018, este lunes concluyeron las 38 audiencias públicas que solicitaron igual número de ayuntamientos con la finalidad de aclarar dudas y observaciones a sus estados financieros.
La Comisión de Finanzas y Fiscalización dio por concluido el proceso de audiencia que abrió con los 104 entes fiscalizables, de los cuales 42 solicitaron al Poder Legislativo abrir un periodo para ser escuchados y presentar “pruebas” respecto a la presunta optima aplicación de sus fondos ejercidos el año pasado.
Este lunes, acudieron las autoridades municipales de Tepetitla, Santa Ana Nopalucan y San Pablo del Monte, quienes presentaron diversa información adicional respecto al informe de cuenta pública que emitió el Órgano de Fiscalización Superior.
En estos tres últimos casos, los munícipes aseguraron que sus cuentas serán aprobadas por los diputados, ya que pese a que existen algunas observaciones a sus estados financieros, éstas son inferiores al 7 por ciento de lo que gastaron en la pasada anualidad, de ahí que no deberán tener mayores problemas.
En tanto, este martes, deberán acudir al Congreso local, los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies), el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chiautempan.
En estos cuatro casos, resaltan los de la CEDH y Cossies que, de no ocurrir otras cosas, deberán ser reprobados sus estados financieros, ya que el pleno del Congreso determinó que serán reprobadas todas aquellas cuentas públicas de 2018 que registren un presunto daño patrimonial superior al 7 por ciento del presupuesto devengado en ese ejercicio fiscal.
De acuerdo con el informe del OFS, la CEDH, que preside Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, el organismo sufriría la reprobación de su cuenta pública porque acumuló observaciones sin solventar presumibles de daño patrimonial por 3 millones 110 mil pesos, que representan 12.8 por ciento de los recursos que gastó el año pasado.
Mientras que la Cossies tiene un daño patrimonial que no ha sido aclarado por 490 mil 451 pesos, que son 37 por ciento del millón 317 mil pesos que gastó en 2018.
En la misma condición estaría el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que tiene observaciones con probable daño patrimonial por 99 millones 93 mil 744.13 pesos, cifra que representa 22 por ciento de los 450 millones de pesos que gastó en 2018, pero no solicitó audiencia.
Con la conclusión de este proceso, los diputados ya estarían en condiciones de iniciar con el proceso de dictaminación de cuentas públicas de 2018 y su presentación ante el pleno.