En México, todavía hace dos años, sólo el uno por ciento de la población acumulaba el 47.9 por ciento de la riqueza de todo el país. Para entonces, ocupábamos un triste tercer lugar en América Latina, sólo por debajo de Chile (49.8 por ciento) y Brasil (48.7 por ciento). Y ya para este 2024, según la revista Forbes, las 10 personas más adineradas suman 176 mil 800 millones de dólares con sus fortunas (habiendo logrado un incremento del 45.2 por ciento de 2018 a la fecha), que representan aproximadamente el 9.88 por ciento del Producto Interno Bruto generado en 2023. Además, como es sabido, de esas 10 personas más adineradas, tan sólo Carlos Slim tiene el 57 por ciento de esos millones y entre las otras nueve se reparten en 43 por ciento restante.
Además, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), esa acumulación de riqueza convive en paralelo con la pobreza de patrimonio de la mayoría de la población, ya que el 62 por ciento de los hogares en el país tiene menos del 50 por ciento de la riqueza neta nacional; es decir, en términos de patrimonio, lo que suman sus activos físicos más sus activos financieros menos sus pasivos financieros. Y, de acuerdo con la misma Comisión, la raíz de esa desigualdad se debe “a una sesgada distribución del valor generado en las empresas.” Por ejemplo, continúa la información de la CEPAL en su informe La distribución del ingreso y la riqueza en México y países seleccionados, 19.7 millones de personas recibieron 3 billones de pesos en remuneraciones de empresas privadas (12 mil 900 pesos en promedio mensual), mientras que 1.1 millones de familias recibieron 3.7 billones en utilidades (unos 280 mil pesos mensuales en promedio)
Otro ejemplo que muestra este sesgo de la distribución del valor generado por las empresas, es que los hogares aportan el 72 por ciento de los ingresos que obtiene el país por cuestión de impuestos, cuando “debería ser la empresa la que contribuya más”, dice la CEPAL. Como detalle de esto, comentan que en 2021 el gobierno recibió 1.1 billones de pesos por IVA y sólo se pagaron 1.9 millones de pesos por ISR.
Sobre esto mismo, OXFAM Internacional, en su informe El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, afirma que “los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia (…) se han beneficiado con múltiples privatizaciones, concesiones y permisos (…) lo que ha representado una transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado.” Y en este mismo sentido, aunque desde su visión desarrollista y de mero crecimiento económico, el Banco Mundial (BM) en su informe Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer? (comentado en La Jornada en abril de 2024) da cuenta de que, en México, un factor que inhibe el que se pueda romper con ese grado de desigualdad, es que el 95 por ciento de las 50 empresas más grandes están en poder de las familias más ricas que, en conjunto, llegan a tener ingresos hasta de la cuarta parte del PIB.
Entonces, de acuerdo con esta información y como lo hemos visto en estos años, el sector privado en México está dominado por empresas familiares que, bajo el esquema de Corrupción–Cooptación–Captura de los gobiernos en turno, tanto federales como estatales, se someten convenientemente al dictado de los grandes consorcios internacionales, pero imponen en buena parte su voluntad a nivel nacional: se oponen a cualquier impuesto, regulación o medida que afecta su patrimonio familiar; manipulan, presionan y sacan ventaja de partidos, legislativos y gobiernos; y procuran colocar a familiares en puestos públicos para orientar las políticas públicas a su favor. Y esto es posible y más grave, sigue el informe del BM, porque también buena parte de esas familias se ha enriquecido con base en productos de consumo básico, como azúcar, papel higiénico, maíz, trigo, carne de aves, leche y medicinas. Se han enriquecido, pues, con las necesidades básicas de la población.
Este esquema nacional se repite en diversas proporciones en todos los estados del país, y parece que Tlaxcala está inmerso en él, con su afán continuado de abrirse indiscriminadamente a las grandes industrias y a las empresas inmobiliarias.