Con la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana, alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno del estado moderniza su marco jurídico e institucional en materia de seguridad pública, al crear la Unidad Antiextorsión, reforzar la formación policial y promover la participación ciudadana en las políticas de prevención del delito, respaldado por una inversión inédita de más de 8 mil millones de pesos en lo que va de la actual administración.
El decreto 166, promovido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado, otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que ahora será responsable de administrar la Licencia Oficial Colectiva de armas de fuego y operar la nueva Dirección de Formación, Capacitación y Profesionalización en Seguridad Ciudadana, en sustitución del anterior Instituto de Formación.
La mandataria estatal subrayó que su administración ha priorizado la inversión en infraestructura y tecnología, con el objetivo de superar el rezago que existía en este rubro de más de dos décadas, así como la dignificación de la labor policial.
“En Tlaxcala hemos apostado por un modelo de seguridad basado en la confianza y la profesionalización. Hoy destinamos recursos sin precedentes para fortalecer la formación, el equipamiento y las condiciones laborales de nuestras y nuestros policías, porque garantizar la seguridad también significa dignificar su labor y reconocer su compromiso con la sociedad”, afirmó Cuéllar Cisneros.
Entre las innovaciones más relevantes de este decreto destaca la creación de la Unidad Antiextorsión, órgano interinstitucional coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), en el que participarán la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
Este cuerpo especializado trabajará en la prevención, investigación y erradicación del delito de extorsión mediante inteligencia, ciberseguridad y rastreo financiero.
La reforma también refuerza la participación social y la transparencia, a través del nuevo artículo 9 Bis, que establece mecanismos de consulta y colaboración ciudadana, y de la institucionalización de las Mesas de Paz, como órganos de coordinación permanente entre autoridades estatales, federales y municipales.
En materia de profesionalización policial, se formaliza el Servicio Profesional de Carrera, se garantiza la certificación y el control de confianza del personal operativo, y se ordena la creación de Unidades de Policía de Género en todos los municipios, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
Con la entrada en vigor de estas reformas, Tlaxcala se consolida como referente nacional en seguridad ciudadana, al integrar un modelo más humano, profesional y transparente, orientado a la prevención del delito, la protección de los derechos humanos y la construcción de paz.
