El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Enrique Acoltzi Conde afirmó que con la puesta en operación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pmpnna) se atiende más del 80 por ciento de los posibles casos de vulneración de derechos de este sector de la población, aunque el reto para garantizar sus derechos humanos radica en socializar la importancia de estas instancias y articularlas con los entes jurisdiccionales y administrativoshasta alcanzar una reducción en los niveles de violencia y vulneración.
“El nivel de omisión en atención a NNA vulnerados se ha invertido, mientras en 2021 el nivel de atención era de 11.3 por ciento de los casos de vulneración y se tenía más de 80 por ciento de omisión; hoy –con 60 procuradurías municipales y una procuraduría Estatal de Protección– podemos decir que se está atendiendo más de 80 por ciento de los posibles casos de vulneración de derechos”, concluyó.
Lo anterior lo expuso en el Encuentro de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, convocado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia (SNDIF), que reunió a las mil PMPNNA de los estados de la República, con la finalidad de capacitar a su personal, conocer sus avances y retos.
Junto al procurador federal de protección, Oliver Castañeda Correa, Enrique Acoltzi, como ponente de la mesa “Representación jurídica de niñas, niños y adolescentes”, el magistrado de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar en Tlaxcala expuso que una de las principales ventajas de contar con las procuradurías municipales es ampliar la protección de las personas menores de edad, mediante una atención directa y de la mano de su red familiar, que es la primera responsable de ellas, a través de procedimientos jurisdiccionales y administrativos eficientes.
Citó que en 2023 se registraron 6 mil 445 expedientes donde intervienen niñas, niños y adolescentes, donde se les están deduciendo algunos derechos. De ésos, en promedio, en 2021 se atendía el 10 por ciento, “hablamos de 600 a 700 representaciones. El año pasado, hablamos de entre mil 500 a mil 600 representaciones, por lo que se ha duplicado”.
Ahondó que gradualmente se va a llegar a un punto en que la intervención de las procuradurías municipales va a ser de tal relevancia que cada niña, niño o adolescente va a llegar con una representación coadyuvante en cada expediente judicial que conozca cualquier juzgado en materia civil, familiar o penal.
Enrique Acoltzi detalló que la figura de representación coadyuvante implica que las y los titulares de las procuradurías municipales de protección participen en los hechos cotidianos donde se han visto vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias para restituirlos.
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Esto permite reducir la carga de trabajo de las procuradurías de protección estatales, de las fiscalías y de los juzgados de cada entidad. De ahí la relevancia de su especialización y de avanzar hacia la eficacia en la aplicación de la norma que determina su actuar; en su implementación oficiosa por parte de las y los juzgadores; así como de mantener un seguimiento continuo para articular la labor de procuradurías de protección con los entes judiciales.
“Con la implementación de las procuradurías se han fortalecido varios aspectos de la dinámica social. Uno de los más importantes es que la cobertura ha sido mayor. En reiteradas ocasiones he mencionado que, al inicio del actual gobierno, cuando fungía como procurador de protección, se tenía una atención promedio de mil 567 intervenciones por año. En el último registro que tenemos, de 2023, podemos decir que se han realizado más de 13 mil intervenciones por parte de los equipos interdisciplinarios que las conforman. Anteriormente, la procuraduría estatal tenía ocho equipos para atender a la población vulnerada, hoy se cuenta con 68 equipos”, precisó el magistrado.
De modo que en los siguientes años tendrá que medirse si la atención constante a través de las procuradurías municipales de protección –con su equipo jurídico, psicológico y de trabajo social– ha impactado en la reducción del porcentaje de infantes y adolescentes con derechos vulnerados que actualmente es de 3.9 por ciento de la población menor de 15 años de edad, según estimaciones de la Unicef.
Ante representantes del país, Enrique Acoltzi resaltó que la creación de las 60 procuradurías municipales de protección de NNA en Tlaxcala fue posible gracias a la implementación de una política pública respaldada por el actual gobierno estatal, a través de la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar que, en un hecho histórico, coordinó los esfuerzos para que los sistemas municipales DIF de la entidad contaran con un marco regulatorio y la formalidad jurídica para la creación de las procuradurías de protección.
Este esfuerzo implicó la coordinación entre los poderes del estado, ya que además el impulso del Ejecutivo, el Poder Legislativo dotó del marco jurídico para garantizar su funcionamiento, y el Poder Judicial realiza las acciones pertinentes para que estas instancias puedan atender cualquier requerimiento que la autoridad jurisdiccional determine.
“El nivel de omisión en atención a NNA vulnerados se ha invertido, mientras en 2021 el nivel de atención era de 11.3 por ciento de los casos de vulneración y se tenía más de 80 por ciento de omisión; hoy –con 60 procuradurías municipales y una procuraduría Estatal de Protección– podemos decir que se está atendiendo más de 80 por ciento de los posibles casos de vulneración de derechos”, concluyó.
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